:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2N4VKMLJE5F3TB2HDH6TDUJOME.jpg)
Histórica decisión. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra cuatro de los 12 miembros de la organización criminal “El Gran Chaparral”.
La jueza de este despacho, Cecilia Grandez Rojas, consideró que existen graves y fundados elementos de convicción para adoptar esta medida contra Hipólito Cruzado Rafael y tres de sus hijos por usurpación agravada y otros delitos.
FALLO. Tras varios días desde que la Fiscalía argumentó el pedido de detención contra 12 imputados como miembros de “El Gran Chaparral”, cuatro de ellos fueron finalmente enviados a prisión.
Se trata de Hipólito Cruzado Rafael, alías “Tronco Mayor”, quien es sindicato como líder de dicha red criminal y sus hijos Jorge, Casimiro y Adán Cruzado Carranza.
Durante la audiencia, la jueza Cecilia Grandez Rojas mencionó parte de los 98 elementos de convicción presentados por la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) sobre los investigados.
Entre ellos, las reveladoras escuchas telefónicas, los exámenes periciales de balística forense y el testimonio de diferentes testigos protegidos sobre los ataques a comuneros de Salas y Chaparrí.
Para la jueza, las diferentes conversaciones telefónicas registradas en julio de 2016 demuestran no solo los actos de planificación entre integrantes de “El Gran Chaparral” sino también que estos se materializaron en los hechos denunciados por la comunidad campesina “San Francisco de Asís”, en Salas.
Entre los diálogos, mencionó las palabras intercambiadas entre Cruzado Rafael y Saúl Altamirano Vásquez, del 5 de julio de dicho año.
En ella, el padre de los Cruzado Carranza asegura que “ya calmaron pues, (...) pero han quemado bala como mier...”.
Minutos después, el líder de “El Gran Chaparral” menciona “dos armas grandes de alto alcance, pistolitas y escopetas”.
Estas referencias, según mencionó la jueza Cecilia Grandez, confirman el uso de armas y la contratación de personal como estrategias para intentar usurpar terrenos del fundo Jahuey Negro, en el sector “Las Alitas”, de Salas.
Además, la decisión de la jueza reafirma que los ataques de “El Gran Chaparral” continuaron luego del desalojo del 16 de junio de 2016 en 1100 hectáreas de dicho fundo.
Después de esa fecha, ocurrieron los ataques contra Ada Janet Uriarte Santoyo y Lucio Sembrera de la Cruz, presidente de la comunidad campesina “San Francisco de Asís”, y el posterior asesinato de los comuneros Jesús Guerrero Becerra, Irineo Martínez Purihuamán y Felicitas Cherres Garrido.
Todos estos hechos -además de la muerte del exteniente gobernador de Chongoyape, Napoléon Tarrillo Astonitas”, señalaban a la familia Cruzado Carranza como responsables.
Al respecto, la decisión judicial también considera que existen suficientes elementos de convicción por el delito de homicidio.
Como prueba de ello, la jueza citó las pruebas balísticas que identificaron el uso de las mismas armas incautadas a otro de los investigados (Antonio Maluquis Pinedo).
De igual modo, se consideró el testimonio del dirigente Lucio Sembrera de La Cruz y otros testigos protegidos que relataron las amenazas contra los comuneros a cambio de obtener tierras en el fundo “Jahuey Negro”.
La magistrada continuará dictando su resolución para el resto de imputados de esta red criminal que también son investigados por los delitos de usurpación agravada y homicidio.
