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Como parte de la investigación que sigue la Fiscalía contra Ernesto Flores Vílchez por el presunto delito de lavado de activos, la Procuraduría Pública solicitó que el empresario lambayecano pague una reparación civil de S/7 millones.
La procuradora Janet Benites Múñoz ya ha solicitado al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo constituirse en actor civil en el proceso que se sigue en contra de Flores Vílchez, según consta en el expediente N° 1676-2017, y que a la fecha, aún no concluye.
La investigación contra el empresario se sustenta en un informe emitido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que advirtió un incremento patrimonial no justificado de S/3′430,000.
Según sostiene la Fiscalía, en 2012 el empresario no presentó ninguna declaración jurada de sus ingresos o rentas y realizó movimientos bancarios, cuyos orígenes y fuentes de ingresos se desconoce.
La investigación también incluye las operaciones financieras de la empresa Agropucalá SAA. En base a un informe remitido por la veedora judicial, correspondiente a mayo del 2013, la azucarera registró ingresos por S/6′709,126 por diversos conceptos.
En uno de ellos, denominado “a cuenta de venta futura de azúcar”, se observó que la empresa Constructora e Inmobiliaria Machine Twin SAC efectuó entregas en efectivo sin cumplir con lo que indica la ley de bancarización.
REALIZÓ MOVIMIENTOS DE DINERO QUE NO CONCUERDAN CON SU RENTA DECLARADA
Respecto al Impuesto de Transacciones Financieras, la Sunat descubrió que el empresario realizó movimientos de dinero (depósitos, pago de préstamos, giros) por la suma de 5 millones 796 mil soles, lo cual no concuerda con su renta declarada.
Además, destaca que el investigado adquirió un departamento, 3 estacionamientos y un depósito en San Isidro - Lima por un total de 2 millones 429 mil soles.
“Después de iniciado el proceso de fiscalización, (Flores Vílchez) recién presentó declaraciones juradas con el propósito de justificar ingresos obtenidos, pese a ello, las cantidades consignadas como ingresos resultan insuficientes para demostrar sus movimientos del sistema financiero”, señaló en su momento la procuradora.
Para la defensa del Estado, las actividades y movimientos financieros del empresario implican una responsabilidad penal como civil.
Por ello, la Procuraduría Pública planteó -como concepto de reparación civil, solicitar el pago de la cifra no menor de S/7 millones. Este monto deberá ser sustentado una vez que inicie el juicio oral contra el empresario.
