Lo chotean por foráneo. Los regidores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz acordaron por unanimidad rechazar el pedido de vacancia que formuló el presidente de la Asociación Civil Pro Actione, Rubén Fernández Morales, por no ser vecino leonardino.
Como se recuerda, el pasado 28 de diciembre de 2023, Pro Actione presentó ante el Concejo Municipal de JLO el pedido de vacancia contra nueve regidores por la causal de actos administrativos.
Esto, debido a que el 17 de enero de 2023 aprobaron mediante acuerdo de Concejo, la contratación directa de compra de combustible para los vehículos de recojo de residuos sólidos de la comuna, trasgrediendo supuestamente la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho acuerdo propició que la comuna desembolse casi un millón de soles (981 mil 707 soles) para la compra directa de 51 mil 696 galones de Diesel B5-850, por desabastecimiento inminente de combustible para las unidades de limpieza pública.
Sin embargo, el 18 de enero de 2024, en sesión de concejo extraordinaria, los regidores desestimaron el pedido de vacancia sin responder o refutar los supuestos actos administrativos que se les atribuye.
Únicamente se limitaron a señalar que el solicitante, Pro Actione, y su representante, Rubén Fernández, no cumplen el requisito de ser vecino de la localidad (ciudadano que ejerce su derecho al voto en una jurisdicción).
“Como podemos notar, y conforme se aprecia de la misma información brindada por la asociación solicitante, esta persona jurídica tendría su domicilio en la provincia de Chiclayo, jurisdicción totalmente distinta a la que pertenece la municipalidad de JLO”, señalaron.
Asimismo, agregaron: “El presidente de la asociación, Rubén Fernández Morales, tampoco ostenta domicilio en la jurisdicción del distrito de JLO, pues, como es un acto conocido por muchos, pretendió ser alcalde en la provincia de Ferreñafe, lo que lo acredita como vecino de dicha jurisdicción”.
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Jurisprudencia del JNE los ampara
Consultado al respecto, el abogado Gilberto Carrasco Lucero, especialista en temas electorales, señaló que existe jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ampara la decisión de los regidores leonardinos.
“En un caso similar, el JNE mediante la Resolución Nº 0027-2024 ha señalado que tener la condición de vecino constituye requisito indispensable para dar inicio al procedimiento de vacancia. La referencia a cualquier vecino que hace la LOM está vinculada solo a los ciudadanos que habiten o residan en el mismo ámbito municipal (...)”, señaló
Agregó que el Supremo Tribunal Electoral tiene reiterada jurisprudencia donde determina que “la calidad de vecino, para formular la solicitud de vacancia o suspensión, está referida a aquellos ciudadanos que acrediten, según ficha del Reniec, que domicilian dentro de la jurisdicción sujeta a tal procedimiento”.
Finalmente, agregó que en la referida resolución, el JNE deja a salvo el derecho para que otro ciudadano haga el pedido de vacancia.
Los regidores en la mira
Cabe indicar que el pedido de vacancia es contra los regidores: Jaime Maco Gómez, Gianiny Lancaday Cortez, Luis Sánchez Fernández, Lily Becerra Tenorio, Óscar Rafael Altamirano, Hilda Rodas Malca, Hebert Alzamora Aguilar, Jorge Estrella Benavides y Anghela Sánchez Acosta.
Días atrás, el regidor Elías Sánchez Fernández, señaló a Correo que el alcalde Elber Requejo Sánchez, los indujo al error, pues no les advirtieron sobre los nuevos cambios en la Ley Orgánica de Municipalidades (ahora las contrataciones directas se aprueban mediante resolución de alcaldía, siendo únicamente la función de los regidores fiscalizar).
“Vamos a hacer nuestros descargos con pruebas porque nosotros no hemos sido los que hemos propuesto esa sesión de concejo, sino que nos han inducido al error. Tenemos la convocatoria de la secretaría general, el informe del área de gestión ambiental, el informe técnico de Logística, quien en su veredicto nos dice que la compra directa se aprueba por resolución de alcalde o acuerdo de concejo”, indicó.
Del mismo modo, el regidor Óscar Rafael Altamirano indicó que cuenta con pruebas para demostrar que los funcionarios del alcalde, Elber Requejo, los indujeron al error.
“La inducción al error se dio desde la convocatoria, nos envían citación para la compra directa sabiendo los funcionarios de la municipalidad que no deberían habernos citado para eso. Debemos demostrar con esa citación, con el acta, con el video de esa sesión que nos llevan al error y ya determinará el JNE”, manifestó.
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