Terroristas y gente armada en empresa Agropucalá

Actualizado el 17/11/2019, 01:00 p.m.

La Policía advirtió que en la empresa Agropucalá se ha detectado la presencia de individuos con armas de corto y largo alcance que provocarían un “costo social” durante la diligencia de instalación de la administración judicial, que ha sido ordenada por el juez Juan García Mayorga, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

INFORME

Incluso, la Policía dio a conocer que integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), y personas con antecedentes por terrorismo, se han infiltrado entre los trabajadores que se oponen al retorno de las administradoras Yolanda Pérez Arrascue y Paulina Ventura Zapata.

Lo que es peor, el informe elaborado por personal de la División Macro Regional de Inteligencia (DIVMRI) concluye que “la acción policial sería superada por los manifestantes", debido a que la mayor parte de supuestos "trabajadores y pobladores del distrito de Pucalá apoyan al subrogado administrador Jorge Atoche Pacherres”.

"Se prevee que la participación activa de los manifestantes a su favor (de Atoche) sería constante, con significativa capacidad de convocatoria, de 1000 a 5500 personas", se lee en el informe.

"De no darse un trato adecuado a la problemática existente en el distrito de Pucalá, es probable que se susciten acciones de lucha entre bandos a favor y en contra (de las administradoras), con agresiones físicas, daños materiales a la propiedad pública y privada y subsecuente costo social de gran magnitud.

Esto, si se tiene en cuenta la probable existencia de cuatro armamentos largos (fusiles) y el hecho registrado el 11 de agosto donde se intervino a dos personas con posesión de munición para fusil AKM y bombardas artesanales", consta en el informe.

Además, precisan que quienes tendrían en su poder las armas son “personas al margen de la ley, contratados como seguridad, que se encuentran al interior de la fábrica a fin de repeler cualquier acción del grupo opositor o de los policías".