El Plan Hidráulico Regional de Lambayeque fue creado en el año 2009, pero desde esa fecha, este documento ha sido modificado en cuatro ocasiones.
Entre otras razones técnicas y legales, la ejecución de tres proyectos de este plan se frustraron por no contar con el respaldo de comunidades y agricultores de las áreas que podrían ser impactadas.
Mientras buscan obtener este permiso, la actual gestión a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) evalúa otras alternativas que liberen el camino para su total aprobación.
PARALIZADO. La presa de embalse “La Montería” es uno de los cinco proyectos que componen el programa de regulación hídrica propuesto en el plan.
Este proyecto, que ha sido valorizado en cerca de S/550 millones, permanece como perfil técnico luego que la empresa brasileña Queiroz Galvão fue retirada como proponente de la Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) “Sistema Hídrico Integral Chancay-Lambayeque” por su inclusión en el caso “Lava Jato”.
El plan de estudios que presentó esta constructora -ahora investigada por presuntos actos de corrupción- logró ser aprobada en 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
A tres años de esta propuesta, el gerente de Desarrollo Tinajones del PEOT, Pastor Espinoza Chilón, explica que la pretensión del GRL es convertirla en una iniciativa estatal pues tiene “los derechos” del documento formulado inicialmente por Queiroz Galvão que ya ha sido excluida como posible inversionista debido a su condición de investigada.
“Hace tres meses le dimos de baja a la IPC. Hemos perdido tiempo con una empresa que tiene estas complicaciones. (...) La empresa ya no tiene oportunidades pero el proyecto sí. Como nosotros (PEOT) somos los autores, podemos buscar a otras empresas”, agregó.
COMUNEROS. Sin embargo, el PEOT aún debe superar los cuestionamientos que ha hecho el Frente de defensa “Salvemos Chaparrí” por su posible impacto en esta reserva privada. Sin la aprobación de todos los comuneros, Espinoza Chilón reconoce que intentarán lograr un acuerdo para reubicar el eje de la presa, lo que - en opinión del PEOT- elevaría el costo del proyecto en un 30%.
Para el representante del referido Frente de defensa, Javier Ruiz Gutiérrez, los comuneros no solo rechazan a la presa “La Montería” por su ubicación dentro del Área de Conservación Privada Chaparrí.
Según explica, el gobierno regional debe responder qué efectos va a tener el uso agrícola de las hectáreas que ocuparía el proyecto en la reserva natural. Además, considera que también se debe aclarar aspectos técnicos como la posible construcción de un reservorio y las fuentes de agua a las que esta podría acceder. “Tienen que responder si hay agua suficiente y dónde y a quienes va a beneficiar la expansión de la frontera agrícola”, indicó.
Mientras el plan hidráulico regional señala que la presa será alimentada mediante un canal de 18 km de longitud para aprovechar los excedentes del río Chancay y reducir el riesgo por inundaciones; el dirigente Ruiz Gutiérrez asegura que la mejor manera para regular las venidas de agua es a través de la conservación de los bosques.
ESPERA. Los otros dos proyectos que tampoco han sido aprobados son las presas Las Delicias y La Calzada. En el caso de la primera, el gerente del PEOT indicó que los agricultores del sector “El Espinal” temen perder el acceso a fuentes de agua si la bocatoma del proyecto capta todo el afluente del río Zaña.
“Este tema ya ha sido abordado durante el estudio técnico pero ellos todavía no han dado su consentimiento. La dotación de agua para ellos sí está garantizada. Lo que se va a trasladar de la bocatoma a la represa Las Delicias es el excedente del río Zaña. Es decir, hasta 10 metros cúbicos por segundo”, argumentó.
El PEOT ha estimado que la elaboración del expediente técnico de la presa “Las Delicias” ascendería a 19.5 millones de soles. El radio de influencia de este proyecto alcanzaría a los distritos de Nueva Árica, Oyotún y Cayaltí.
Sobre la Calzada, su rechazo ha sido expresado por las familias de los centros poblados de Mochumí Viejo Alto, Mochumí Viejo Bajo, La Calera y La Calzada, ubicados en Pítipo. Los más de mil habitantes afirman -según explicó el representante del PEOT- no quieren abandonar las viviendas que han construida a lo largo de 600 hectáreas por considerar que la solución a las inundaciones está en la parte baja del valle La Leche.
Las estimaciones del PEOT señalan que el 60% del área que ocuparía la presa (360 hectáreas) son cultivables. Por ello, evalúan lograr su ejecución a través de la compra de terrenos.
“Tendríamos que reubicar a las familias en un nueva ciudad y con todos los servicios básicos”, aseguró.