:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UF7N42GQGRAELBIULLU2KU5RTY.jpg)
La Defensoría del Pueblo anunció que asumirá, ante los tribunales peruanos, la defensa de Ana Estrada Ugarte, quien en el año 2016 empezó una lucha para conseguir "una muerte digna", debido a que sufre una grave enfermedad.
La psicóloga de 42 años padece polimiositis, mal degenerativo y autoinmune que ha paralizado todos los músculos de su cuerpo y que la obliga a depender de un respirador artificial, así como de enfermeras.
El defensor de Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que asumirá el caso "para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, ante una condición que afecta de manera irreversible su dignidad".
Solicitud
Desde hace tres años, Ana inició la búsqueda de una muerte asistida y en condiciones dignas, debido a que llegará el momento en que perderá la fuerza que le queda y dependerá totalmente del ventilador."Esto se trata de libertad, no de querer morir. Yo no me quiero morir, yo lo que quiero es la libertad de poder elegir. Si en algún momento lo necesito, quiero poder elegir y morir para no sufrir", escribió en su blog.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la solicitud hecha por Ana no tiene precedentes. Además, Gutiérrez precisó que no hay un marco normativo que permita al Estado garantizar el acceso al derecho a la muerte en condiciones dignas.
Al respecto, la abogada penalista Romy Chang añadió que el Código Penal sanciona como delito el acto de matar a un enfermo incurable que solicita de manera expresa poner fin a su vida.
"Pese a que se trata de una acción realizada 'por piedad', lo que se configura es un homicidio piadoso que está penado en el país con hasta 3 años de cárcel", refirió.
Proceso
En este contexto, Percy Castillo, adjunto a los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó a Correo que el defensor del Pueblo interpondrá una acción para solicitar al Estado que en este caso no aplique el Código Penal, que sanciona la utilización de métodos que pongan fin a la vida."Lo que se busca es que el Estado cree los mecanismos que permitan a Ana decidir el momento en el cual pondrá fin a su vida, de manera digna. Estos mecanismos hoy no existen en el Estado porque está prohibida la conducta", señaló a este diario.
