Limpieza de playas contaminadas por el derrame de crudo en la refinería La Pampilla de la empresa REPSOL. Limpieza de playa Cavero y Ancon (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Limpieza de playas contaminadas por el derrame de crudo en la refinería La Pampilla de la empresa REPSOL. Limpieza de playa Cavero y Ancon (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

La empresa comunicó que las labores de limpieza en el mar y litoral peruanos alcanzaron un avance del 94 % y, hasta el momento, son 18 playas “las que ya se encuentran a la espera de su reapertura para uso público”, tras el derrame de crudo ocurrido el 15 de enero pasado en la refinería La Pampilla.

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Según informó la agencia EFE, la trasnacional española remarcó este sábado en un comunicado que la eventual reapertura para el uso público de estas playas es una decisión “que depende de la autoridad competente”.

Agregó que también se continúa analizando más de 1.400 muestras de agua, suelos y sedimentos, tomadas en la zona involucrada en el derrame “en cumplimiento del mandato de las autoridades” peruanas.

Ello “para su respectiva evaluación y definición de próximas acciones de remediación”, mientras que en el litoral “permanece aplicándose el estándar internacional SCAT y la limpieza de zonas rocosas con agua a baja presión y pompones absorbentes”.

“En mar, se mantiene el seguimiento a todo el litoral, sin escatimar en recursos en caso de aparición de nuevas manchas provenientes de peñas o acantilados por acción natural de las olas”, aseguró la empresa.

¿Qué ocurrió en la refinería La Pampilla?

El derrame ocurrió cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, en el municipio costero de Ventanilla.

En un primer momento, la empresa reportó que se trataba de una fuga de 0,16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el “oleaje anómalo” producido por una erupción volcánica en Tonga.

Sin embargo, se corrigió tres días después y elevó la cifra a 6.000 barriles, aunque finalmente señaló que fueron 10.400, aún menos de los 11.900 que estima el Gobierno peruano.

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