Esta tarde, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió tajantemente a Rutas de Lima, luego de que la concesionaria tilde a las declaraciones del burgomaestre invitando a los vecinos de Puente Piedra a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional como “inoportunas”.
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Durante la conferencia de prensa sobre la firma del convenio entre el Hospital de la Solidaridad con la Municipalidad provincial de Piura, la autoridad edil cuestionó el origen de Rutas de Lima y aseguró que el actuar de la concesionara es “majadería que se le quiera recortar derechos constitucionales a la población”.
“¿Cómo será privar derechos constitucionales a una población que está sufriendo esos peajes manchados con sangre realmente? Una población que tiene un ingreso promedio, no dicho por la Municipalidad de Lima, dicho por la Defensoría del Pueblo de 1,200 soles al mes por familia, de los cuales S/ 200 se le van a pagar un peaje maldito que nació de la corrupción y eso no lo puede negar nadie”, arremetió.
También se refirió a la demanda al fondo canadiense Brookfield por el caso Rutas de Lima y prefirió no brindar muchos detalles pues el proceso judicial se está llevando en Estados Unidos. No obstante, explicó que la referida empresa norteamericana compró acciones a Odebrecht en un plazo de tres meses, mientras Marcelo Odebrecht estaba preso. De acuerdo a lo que mencionó que “no es normal” que una empresa adquiera otra sin una previa evaluación jurídica.
“No puedo dar muchos detalle porque son casos de denuncias penales y civiles en Estados Unidos dado que la persona jurídica que se llama Brookfield compró a Odebrecht unas acciones en un plazo de tres meses cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht. Eso en el mundo de la banca internacional se llama complayers, tiene que pasar obligatoriamente por una evolución de un área jurídica que está por encima del gerente general de una empresa internacional”, sostuvo.
En otro momento reiteró que la concesionaria de los peajes atenta contra una lista de derechos constitucionales de los vecinos de Lima Norte y Sur y que pretende elevar el monto del peaje hasta a 18 soles.
“Una empresa que ha venido al Perú a hacer compra de acciones que, en mi opinión, manchadas con sangre a una organización criminal, Odebrecht, me parece una majadería, que venga a decirle a los ciudadanos de Lima, los cuales están siendo violentados, más la gente más vulnerable está en Lima Norte y Lima Sur de nuestra capital. Que venga una empresa extranjera a decirnos qué hacer o no hacer respecto a los derechos constitucionales. Estamos hablando de derechos a la vida, al libre tránsito, a la libertad, a la educación, a la alimentación, lo más básico. Entonces, que venga una empresa extranjera con todos los antecedentes que estamos analizando: origen corrupto del contrato, con coima, fin ilícito del contrato que es subir hasta S/ 18 soles de peaje en las zonas más vulnerables de Lima, que venga ahora a dar indicaciones de cómo comportarse, ¿cómo se defiende la población?”, reiteró.
