La Comisión Permanente del Congreso tiene previsto evaluar el próximo lunes 29 de diciembre el informe final que propone la inhabilitación por una década de la exlegisladora y expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez. La sesión, programada para las 9 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, será liderada por Fernando Rospigliosi y será debatido al inicio de la sesión.
Como se recuerda, el documento a discutir fue aprobado en junio pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 12 votos a favor y 3 en contra. Los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, denunciaron que Vásquez habría vulnerado el artículo 45 de la Carta Magna y posiblemente incurrido en negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
Entre las conductas cuestionadas figuran supuestos incrementos salariales injustificados a personal del Congreso y el nombramiento de funcionarios en puestos clave días antes de que finalizara su periodo como titular del Legislativo. Además, se le atribuye haber omitido seguir los protocolos de bioseguridad establecidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Vásquez niega haber sido notificada
Por su parte, la expresidenta del Parlamento utilizó su cuenta de X para manifestar que no recibió comunicación oficial sobre la convocatoria a la sesión del 29 de diciembre, y que se enteró del evento únicamente a través de publicaciones en internet. Según su versión, el proceso forma parte de una estrategia de “persecución política” diseñada para bloquear su participación en futuras contiendas electorales para el Congreso.
En declaraciones pasadas, la exfuncionaria calificó la aprobación del informe en la Subcomisión como un “abuso descarado de poder”, argumentando que las conclusiones carecen de respaldo probatorio y se basan exclusivamente en conjeturas sin fundamento técnico ni jurídico.
¿Qué implica la inhabilitación propuesta?
De aprobarse la recomendación en la Comisión Permanente, Vásquez quedaría impedida de ejercer cualquier cargo público durante 10 años, lo que incluye postulaciones al Congreso, ministerios, gobiernos regionales o locales. La medida requiere mayoría simple en la votación del pleno de la Comisión para ser ratificada.
El debate del lunes será clave para determinar si el informe avanza hacia instancias superiores o si, por el contrario, se archiva la denuncia presentada hace más de un año por los exlegisladores Gonzáles y Merino.
