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Un grupo de representantes de los gremios de transportistas increpó directamente al presidente de la República durante una reunión en Acho, en la que expresaron su malestar por la creciente inseguridad ciudadana y cuestionaron la legitimidad de algunos interlocutores del Gobierno.
Según denunció Transportes Unidos, a través de su vocero Luis Vítor Galarza, el mandatario mantiene diálogos con dirigentes que no representan al sector y que, afirmó, actúan como presuntos lobistas.
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Extorsiones, sicariato y uso de granadas
Los conductores alertaron que la inseguridad en las rutas de Lima ha alcanzado niveles críticos. De acuerdo con sus testimonios, las bandas criminales ya no solo utilizan armas de fuego, sino que han empezado a emplear granadas de guerra para amedrentar a los choferes.
Indicaron además que el sicariato se agrava día a día y que muchos trabajadores se ven obligados a pagar cupos diarios a extorsionadores para poder operar. Esta situación, señalaron, ha generado que miles de transportistas abandonen el país por temor a perder la vida.
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Miles de choferes habrían emigrado
Uno de los dirigentes sostuvo que cerca de 36 mil choferes han emigrado a España ante la falta de garantías para trabajar en el Perú. Asimismo, solicitaron atención prioritaria del Estado para los hijos de conductores asesinados en recientes ataques vinculados a la criminalidad organizada.
Cuestionamientos a la falta de control policial
Otro de los puntos críticos expuestos fue la escasa presencia policial en las principales vías de la capital. Los transportistas denunciaron que los agentes de tránsito no fiscalizan de manera permanente y abandonan sus puestos tras pocas horas de servicio.
Esta ausencia de autoridad, afirmaron, facilita el accionar de las mafias en distritos con altos índices de criminalidad, incrementando el riesgo para conductores y usuarios.
Rechazo a la gestión de la ATU
Los gremios también expresaron un fuerte rechazo a la labor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Según indicaron, el organismo se enfoca en perseguir y confiscar unidades con fines recaudatorios, sin ofrecer soluciones estructurales al sector.
Los propietarios de vehículos denunciaron que la falta de coordinación técnica ha generado caos en el sistema de transporte, afectando tanto a choferes como a pasajeros.
Ante los reclamos, el presidente de la República se comprometió a establecer una mesa de diálogo formal con los gremios de transportistas, con reuniones cada 15 o 20 días. El mandatario pidió evitar etiquetas que interrumpan la comunicación y aseguró que las demandas serán consideradas en próximos anuncios oficiales.