Alcaldes en la mira de la Fiscalía Anticorrupción

Escrito por: Eddyn Nole

La pandemia por el coronavirus no fue ajeno a que diferentes autoridades estén involucradas en presuntos actos ilícitos, que ha hecho que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana los venga investigando, a casi un mes de finalizar el año 2020.

Entre ellos están los ex y actuales alcaldes de Sullana, Talara, Ayabaca y otros de sus distritos. Asimismo, funcionarios de la Sub Región de Salud, Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú.

LOS CASOS AUMENTAN. El fiscal provincial Anticorrupción, Luis Antonio Ramos Rioja, explicó a Correo que las investigaciones contra las actuales y exautoridades son complejas y, muchas de ellas, con una cantidad significativa de funcionarios y servidores públicos investigados.

“No llevamos una estadística de cuántas autoridades investigamos, pero si podemos señalar que están la mayoría de alcaldes provinciales y distritales de Sullana, Talara y Ayabaca; así como de las UGEL, suboficiales y oficiales de la Policía. Asimismo, funcionarios de la Sub Región de Salud, directores de colegios, abogados, empresarios, entre otros”, dijo Ramos.

Agregó que los delitos más recurrentes son los de peculado, colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y tráfico de influencias.

“Definitivamente la pandemia del COVID-19, nos ha puesto en una situación especial, y el subsistema de anticorrupción no ha sido ajeno a ello. Sin embargo, el balance es positivo, porque se ha avanzado a un ritmo vertiginoso con los procesos que se encontraban en etapa intermedia y juicio oral”, añadió.

Destacó el trabajo de los juzgados especializados, tanto el de investigación preparatoria como de juzgamiento, bajando significativamente la carga pendiente.

En cuanto a la mala entrega de canastas por la emergencia del COVID-19, donde se vieron beneficiadas familias que no eran de bajos recursos económicos, los fiscales investigan a los alcaldes y funcionarios municipales.

“Se ha estado en alerta ante los procesos de adquisición directa que han efectuado las municipalidades de Sullana, Talara y Ayabaca, muchas de ellas con investigación por presuntos actos irregulares en las compras, pero se está recabando información para verificar si han existido actos irregulares”, precisó Ramos.

Explicó que los casos se incrementaron este año, ya que la cantidad de investigaciones ingresadas durante el 2020 es superior al del año 2019, y que ello se debe a que el Ministerio Público ha echado mano de las herramientas tecnológicas para recibir denuncias, tomar declaraciones, entre otras.

“Lo mismo viene ocurriendo en los casos emblemáticos como los “Vídeo Trelles” y el de las contrataciones a Maximina Granadino Cunya, concuñada del exalcalde de Ayabaca y hoy alcalde de Lagunas, Humberto Marchena Villegas, aunque respecto a este último, ha sido excluido por el momento, hasta que se resuelva una apelación de una resolución judicial que amparó un pedido de sobreseimiento”, enfatizó.

EN EL PENAL. Hasta el momento, 9 colaboradores eficaces han podido ser sentenciados, en el proceso emblemático de “Los lobiteños de la corrupción”, donde resalta la condena contra la alcaldesa María Chapilliquén Ruiz. Aunque, el pasado mes de junio, el Poder Judicial dispuso su libertad.

Mientras que en el proceso emblemático “Los maestros del mal de la Ugel de Talara”, tres más fueron condenados. A ellos se suma las sentencias a un involucrado en el caso de la obra de Chalacalá. También, la condena de 3 años de pena privativa de la libertad suspendida a un abogado de Sullana, como autor del delito de tráfico de influencias.

POLICÍAS. Mientras que los suboficiales de la PNP de la Unidad de Carreteras de Piura, Jorge Carrasco Culquicóndor (31), Michael Coronado Castro (31) y Eduard Nima Navarro (30) fueron enviados al penal de Piura con 9 meses de prisión preventiva y por quienes están solicitando seis años de pena privativa de la libertad.

Los tres son investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, por recibir 3 sacos de arroz a cambio de no aplicarle una multa al chófer de un camión.

Igualmente, 3 funcionarios permanecen recluidos con 18 meses de prisión preventiva en el penal de Piura, por el caso emblemático de la UGEL de la provincia de Ayabaca.

Los fiscales también formularon acusación contra tres funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Sullana por el delito de colusión en el proceso de la adquisición de 10 computadoras, debido a que los precios superarían el valor real ofertado.