Carlos Hakansson, docente de Derecho Constitucional de la UDEP: “La Constitución debe ser el fruto de un consenso ciudadano”

El doctor Carlos Hakansson, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, analiza la situación que atraviesa Chile, luego que el último domingo, los chilenos votaron en contra de la nueva Constitución elaborada por la comisión constituyente conformada en 2021.

VER MÁS: Afirma constitucionalista, Carlos Hakansson: “El presidente Pedro Castillo empieza a quedarse solo”

¿A qué se debe que, después del apoyo al cambio de Constitución en el referéndum de 2020, haya ganado el “rechazo”?

El extremismo de una mayoría política en la Convención Constitucional, imponiendo su mayoría sin buscar un mínimo consenso, produjo un texto que desunía y generaba polémica entre los chilenos. El fallido apoyo del presidente Boric al proyecto constitucional, con una aprobación ciudadana en caída, también debió influir en los resultados finales del plebiscito de salida.

¿Cuáles han sido los principales argumentos para rechazar la Constitución elaborada por la Convención Constitucional?

La sociedad chilena no es partidaria de los extremismos ideológicos. Desea cambios sustantivos y en favor del reconocimiento expreso a los derechos sociales, a pesar DE que tienen mejores servicios públicos que muchos países de la región, incluyendo al Perú. Todo parece indicar que la discusión constitucional continuará, la Constitución vigente, de 1980, ha quedado herida y no podrá continuar sin profundas reformas o un cambio de texto constitucional. Todavía no se ha definido.

¿Qué características tiene el texto de la Constitución propuesta?

El texto rechazado contaba con un amplio catálogo de derechos sociales, ausente en la Constitución chilena de 1980. Además, incluía el cambio de un Senado por una Cámara de las Regiones y la representación política a los pueblos originarios. No consideraba la continuidad del Tribunal Constitucional, la reelección presidencial inmediata ni la intervención estatal en la libertad de enseñanza. A todo esto, se sumaba un polémico Estado Plurinacional que terminaría afectando el Estado unitario.

¿Cuáles son las grandes diferencias con respecto a la Constitución de 1980?

La Constitución de 1980 fue objeto de importantes reformas durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, pero sin poder dar término a las acusaciones de sectores de izquierda sobre su falta de legitimidad de origen. El contenido de la Constitución de 1980 destaca por la ausencia de cualquier dimensión social. También, carece de un catálogo de derechos sociales y disposiciones económicas constitucionalizadas. En el texto, tampoco se declara a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho.

¿Estas ausencias repercutían negativamente sobre la institucionalidad del país?

Fuera de las omisiones a lo políticamente correcto en las constituciones iberoamericanas, Chile es una democracia y cuenta con una institucionalidad fuerte, con partidos políticos y un marco jurídico protegido por un Estado de Derecho.

¿Qué retos plantea para el Gobierno esta manifestación de la voluntad de los chilenos?

El presidente Gabriel Boric ha quedado más debilitado y su única opción es propiciar el diálogo para conducir un conjunto de reformas sensatas a la Carta de 1980, o lograr la redacción de una nueva Constitución. Eso sí, sin caer en extremismos. La nueva Constitución debe ser el fruto de un consenso ciudadano debidamente representado.

¿Qué alternativas tienen ahora los chilenos? ¿Se mantendría la vigencia de la Constitución anterior?

La Constitución chilena de 1980 no deja de estar afectada. El rechazo al nuevo texto no significa la reivindicación al statuo quo constitucional actual, sino la necesidad de discutir los ajustes o cambios que sean necesarios, y sin llegar a extremismos radicales.

Esto último es una opción que los chilenos acaban de rechazar rotundamente.

En el contexto de América Latina, ¿qué relevancia tiene este proceso?

De haberse aprobado el proyecto de Constitución chilena se hubiese producido un efecto que los actuales gobiernos progresistas en la región querrían capitalizar para sus propios intereses. El 62% de rechazo al proyecto elaborado por los convencionales es un duro golpe a la denominada “brisita bolivariana” pero no se puede cantar victoria. Las conclusiones objetivas sobre lo acontecido el domingo 4 de septiembre serán la clave para las decisiones que los políticos chilenos tomen en los próximos días.