Casos de corrupción a fiscalía especializada

Por orden de la Fiscalía de la Nación, los casos en que se investigan presuntos actos de corrupción cometidos por autoridades y funcionarios pasarían a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

En este grupo figuran los procesos que se siguen contra las alcaldesas de las municipalidades de Piura y de Castilla, y del burgomaestre de La Unión, quienes están involucrados en supuestas irregularidades en la licitación y ejecución de millonarias obras.

RECIENTE. Mediante la resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 084-2014, se creó a mediados de septiembre la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, con el objetivo de fortalecer la función fiscal en el marco de la implementación de la Ley Contra el Crimen Organizado.

Posteriormente, a mediados de noviembre, a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4852-2014 se designó a los magistrados que estarán al frente de esta nueva fiscalía.

Cabe señalar que anteriormente los casos de presuntas irregularidades en entidades del Estado que involucraban a autoridades y funcionarios estaban a cargo de fiscales que investigaban todo tipo de delitos, lo que no les permitía darles un tratamiento especial, dado que siempre tenían una sobrecarga de expedientes.

Inclusive, en varias ocasiones, éste fue el motivo para que los procesos se demoren más de la cuenta.

CAMBIO. Uno de los casos más polémicos es en el que está involucrada la alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera, y una decena de sus funcionarios, a quienes se acusa de haber favorecido a la contratista Consorcio H&B en la adjudicación de la obra de saneamiento para 14 asentamientos humanos del sector noreste de Castilla, valorizada en 28.9 millones de nuevos soles.

A la autoridad edil se le imputa la presunta comisión del delito de colusión en agravio de la comuna de Castilla.

Lo que llama la atención en esta investigación, que se inició desde hace más de dos años, es que hasta la fecha se han frustrado 17 audiencias de control de acusación, lo que ha impedido que pase a la etapa de juicio oral.

Ahora, el caso que estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla pasará a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en donde se espera no hayan más dilataciones.

en la mira. Por su parte, la alcaldesa de Piura, Ruby Rodríguez Rebaza, afronta una investigación por el supuesto manejo irregular de cuatro obras valorizadas en más de 12 millones de nuevos soles por parte de sus familiares (hijo, sobrino y nieto).

En junio de este año, se formalizó la investigación preparatoria en contra de la burgomaestre y otras 23 personas por la presunta comisión de los delitos de colusión y falsificación de documentos en agravio de la comuna de Piura.

Actualmente, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura realiza un peritaje a las obras de saneamiento del asentamiento humano Nueva Esperanza, mejoramiento de la avenida Bolognesi y de la avenida Mártires de Uchuraccay, y mejoramiento de las calles del asentamiento humano 11 de Abril y de Manuel Seoane Corrales.

La investigación ahora estará a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

TAMBIÉN. La investigación en contra del burgomaestre de La Unión, Vicente Seminario Silva, que se lleva a cabo en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Catacaos, también pasará a la nueva fiscalía.

A la autoridad edil se le imputan la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales, falsedad ideológica y cohecho pasivo propio; que se habrían cometido en torno a la obra de seneamiento del casco urbano de la localidad, presupuestada en más de 17 millones de nuevos soles.

MÁS CASOS. Durante este año, la Contraloría General de la República ha realizado una serie de auditorías a varias obras ejecutadas por diferentes entidades públicas del departamento, incluidas las de las comuna de Castilla y La Unión referidas en este informe.

Con los resultados de estas acciones de control se ha denunciado a varias autoridades y funcionarios, quienes también pasarían a ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.