Castilla entrega “"a dedo"” obra de 12 millones de soles

La municipalidad de Castilla cedió la ejecución una obra de más de 12 millones de soles sorteando la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, evitando llevar a cabo un proceso de selección que permita escoger entre varias propuestas de diferentes postores.

¿Cómo lo hizo? Firmando un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consorcio Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Serviuni SAC. El mismo que hace unos meses fue cuestionado a nivel nacional por sus supuestos vínculos con Ulises Humala Tasso, hermano del presidente de la República.

Los cuestionamientos al acuerdo pasan porque dicha sociedad no constituiría una entidad, que es uno de los requisitos para poder firmarlo. Además, porque la Ley exige que los convenios de cooperación interinstitucional no persigan fines de lucro, lo que en este caso también se pone en tela de juicio dada la cantidad de dinero que hay en juego.

ASÍ FUE. En enero del 2015, el concejo de Castilla autorizó al alcalde Luis Ramírez Ramírez a firmar un convenio marco de cooperación interinstitucional con UNI Serviuni SAC. El objetivo era la cooperación técnica en materia de estudios de preinversión e inversión a nivel de expedientes técnicos y ejecución de obras civiles.

En febrero, se suscribió el convenio específico para la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanización Miraflores del distrito de Castilla”. La comuna “se obliga a abonar al consorcio la suma de 12 millones 191 mil 362.99 soles por todos los gastos generales e impuestos de ley”.

Posteriormente, en el mes de abril se hizo la entrega del terreno para que inicien los trabajos de ejecución. Actualmente, la obra reporta un avance físico del 14%, de acuerdo a información brindada por la entidad edil.

PROBLEMAS. Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos que generan suspicacias sobre la firma del convenio y la misma realización del proyecto. Y es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau desautorizaron a la municipalidad.

El Informe N° 101-2015-VIVIENDA/OGAJ firmado por la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MVCS, Rosario Torres Benavides, manifiesta que la suscripción del convenio no procedía. Sus argumentos son que el consorcio no constituía una entidad (requisito) y que sí busca un beneficio económico.

“El consorcio según lo dispuesto en el artículo 445 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico”, destaca.

EXPLICACIÓN. A ello, agrega que “el consorcio al ser un contrato asociativo no genera una persona jurídica conforme se señala en el artículo 438 de la Ley N° 26887”.

“En atención a las normas expuestas, un consorcio no se encuentra comprendido bajo el término genérico de entidad, señalado en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual no procede suscriban los convenios de cooperación, gestión u otros (...)”, precisa.

Cabe señalar que el informe del MVCS fue emitido en febrero, cuando ya se había firmado el acuerdo entre Castilla y UNI Serviuni SAC. Pero no se hizo nada para dejarlo sin efecto.

SE OPONE. En abril, días antes de la entrega del terreno para la ejecución de la obra en la urbanización Miraflores, el subgerente de Infraestructura de la municipalidad, Alejandro Pasache Boyer, mediante Oficio N° 004-2015-MDC-GDUR-SGI, solicitó a la EPS Grau designar un coordinador de obra. La respuesta que recibió dio más luces de las supuestas irregularidades que rodean la firma del convenio.

En el Oficio N° 1142-2015-EPS GRAU SA del 2 de junio, el gerente general, Carlos Alva León, indica que no procede el pedido por los motivos expuestos en el informe del MVCS. Además, le exige paralizar los trabajos.

“No pudiendo intervenir en nuestra infraestructura, debiendo paralizar todo lo actuado hasta que se regularice dicha situación, al amparo de la opinión legal precedentemente descrita, y emitida por el ente que financia dicho proyecto”, sostiene.

RESPUESTAS. Al respecto, el gerente municipal de Castilla, Leopoldo Otiniano Vásquez, desestimó que se haya cometido alguna irregularidad en la firma del convenio y la ejecución de la obra. Según dijo, existe una opinión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a pedido del MVCS, que concluye que ese tipo de acuerdo sí es aplicable.

“Vivienda y el OSCE están discutiendo el término de qué cosa es entidad, entidad es una persona jurídica y esta persona jurídica puede ser privada o pública, adquiere personería jurídica cuando se inscribe en Registros Públicos, puede ser una Sociedad Civil, una Sociedad Anónima, una Sociedad Anónima Cerrada (…) UNI Serviuni es una entidad”, aseguró el funcionario.

También desestimó que el consorcio tenga fines de lucro, puesto que en lo que se va a pagar por la obra no se incluye ninguna utilidad (aunque el consorcio administrará el dinero). Asimismo, expresó que la EPS Grau no puede solicitar que se paralice la obra.