El catedrático de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Flabio Gutiérrez Segura, se sumó a los cuestionamientos por la designación de un nuevo rector encargado por parte de los integrantes de la Asamblea Universitaria, a pesar de que en las últimas elecciones universitaria resultó como ganador absoluto el candidato de “Dignidad Universitaria”, José Luis Ordinola Boyer.

Incertidumbre. El docente precisó que el nombramiento constante de rectores encargados crea una incertidumbre en la toma de decisiones que perjudica a la Universidad Nacional de Piura (UNP).

“Debido a la judicialización de la injusta anulación de la elección de José Ordinola como rector UNP, la UNP cada tres meses tiene que encargar un nuevo rector, lo cual lleva a una incertidumbre en la toma de decisiones en el aspecto académico, administrativo, de investigación, etc.”, manifestó Gutiérrez Segura.

El catedrático indicó que estos nombramientos también originan fricciones entre docentes que pretender ser nombrados rectores.

“[...] Así mismo lleva a componendas y fricciones porque otros docentes también quieren estar encargados como rector “aunque sea tres meses”, la decisión de encargar el rectorado al Dr. Adolfo Zeta hasta el 2028 es el “mal menor”...y como lo dice el acuerdo de Asamblea Universitaria, en caso haya una sentencia judicial, firme y consentida para que el Dr. José Ordinola se siente como rector, Adolfo Zeta debe dar un paso al costado”, afirmó.

Cuestionó duramente que el Poder Judicial hasta el momento no resuelva definitivamente la acción de amparo que interpuso el año pasado José Ordinola Boyer, tras ganar las elecciones, las cuales fueron anuladas por el Comité Electoral cometiendo presuntas irregularidades.

“Demasiado se demora, más aún que los procesos constitucionales como las acciones de amparo son rápidos, pero lo hacen larga”, indicó Gutiérrez.

Recordemos que a ocho años de cárcel podrían ser condenados los exintegrantes del Comité Electoral de la UNP si se les encuentran culpables del presunto delito contra el derecho al sufragio por el supuesto fraude electoral en las últimas elecciones para elegir al rector en la mencionada casa de estudios. También habrían cometido el delito de abuso de autoridad, falsedad ideológica, genérica, falsificación de documentos, entre otros.

Según la fiscalía de Castilla, los dos docentes y tres estudiantes del ex Comité Electoral de la UNP que era presidido por Vicente Paredes Muro, habrían atentado contra el derecho de sufragio, según el artículo 359. “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años al que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato y organización política...”.