Falta de elementos de convicción ha dejado libres a 52 investigados

En los dos últimos años, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado en Piura, ha sentido el revés de tres de sus investigaciones emblemáticas. Tanto el juzgado unipersonal como la sala de apelaciones resolvió que los delitos que les imputaban a los detenidos no se configuraban para establecer una red criminal como en “Los Tramitadores”, “ Los Malditos de los Algarrobos” y en “Los Malditos de la Reconstrucción”, de los cuales ya han sido liberados 52 investigados.

LA PUGNA. Tras cuarenta y cuatro días de audiencia contra la supuesta red criminal “Los Malditos de la Reconstrucción”, el último fin de semana, se conoció la decisión de la jueza Flor Vílchez Chapilliquén, la misma que ha desatado una serie de cuestionamientos.

Y es que de los 26 presuntos implicados, la jueza resolvió que los elementos de convicción presentados por la fiscal determinan que solo se refleja la figura de red criminal para seis de los detenidos y los otros 20 estarían inmersos en delitos menores como tenencia de armas, microcomercialización de drogas y otros delitos menores, quedando solo 8 en prisión.

La masiva liberación de la magistrada hizo estallar en las redes sociales el rumor de un posible blindaje a la delincuencia.

Sin embargo, la resolución N° 06995-2018-1-2001-JR-PE-04, Vílchez se habría basado en la casación Moquegua 626-2013, en la cual para otorgar la prisión preventiva se deben cumplir los tres presupuestos: los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de la pena y los elementos de fuga.

Antes de dar lectura a la resolución, Vílchez Chapilliquén hizo mención en la sala sobre el nombre de la presunta red criminal.

“Me presentan un cúmulo de documentos de una presunta organización denominada Los Malditos de la Reconstrucción, pero ninguna de los delitos que se les imputa tiene que ver con las obras que el Estado ejecuta para la reconstrucción”, refirió la mañana del último sábado la jueza.

La lectura se extendió hasta la madrugada del domingo donde según la exposición de la jueza, en la investigación del equipo fiscal el 80% de los informes policiales que presentaron, no fueron corroborados.

Además en las más de mil interceptaciones telefónicas que el Ministerio Público presentó, la jueza refirió que no se comprobaba el nexo entre los 26 implicados y únicamente corroboraba la figura de red criminal para Luis Alberto Agurto Romer (a) “La Pulga”, quien ya cumplía prisión en el penal de Ica por el delito de robo agravado; Jorge Luis Quezada Carmen (a) “Pantera”, Manuel Robinson Cisneros Atoche (a) “Robín” , Gabriel Navarro Sánchez (a) “La Gaby” , Roberto Carlos Nunjar Ávalos (a) “Robert” y Elacio Peña Córdova. A ellos la magistrada ordenó cumplan 18 meses de prisión preventiva.

En tanto de los otro veinte acusados, Vílchez ordenó que Julia Elusdari Lazo Lupuche (a) “Tía Julia” y Rolando Erwin Sánchez Arrunátegui (a) “Pitbull”, cumplan nueve meses de prisión preventiva por tenencia ilegal de armas.

Correo intentó recoger la versión de la fiscal Fany García Caro, respecto a la liberación de la mayoría de los detenidos; sin embargo la magistrada evitó dar declaraciones, debido a que su despacho ha apelado a la decisión en primera instancia y están a la espera de la audiencia en Sala de Apelaciones.

En tanto, Correo dialogó con los abogados David Panta Cueva y Percy Ipanaqué Navarro, quienes coincidieron que la decisión de la jueza revela una premura en la presentación de la investigación fiscal, situación que facilita la liberación de los investigados. 

Para el letrado David Panta, la decisión de la jueza ha sido un golpe duro para la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Piura, porque se ha demostrado en primera instancia que no existe una red criminal.

“Se ha determinado que son conversaciones aisladas que los imputados no se conocen entre ellos, donde las conversaciones son entre dos personas para ser una organización deben de probar el vínculo, el aporte con la red. Para mi la Fecor está actuando mal, están investigando mal de manera apresurada y están dando como pruebas, las escuchas telefónicas, la declaración de los colaboradores eficaces, los informes policiales, pero no son corroborados”, aseveró Panta.

Asimismo el abogado, explicó que los informes policiales de cualquier unidad policial, según la Corte Suprema, se les denomina jurídicamente como informe preprocesal, y para que tenga fuerza y sea un elemento de convicción tiene que ser corroborado.

“En algunos habían seguimiento, no corroborados, en otros habían imputaciones, pero no seguimiento. En otras habían seguimiento donde les tomaban fotografías, pero no se explicaba en qué lugar se encontraban. El artículo 268-1 según la casación Moquegua 626-2013, señala que es una labor indiciaria, pero tiene que ser demostrado con otro indicio porque eso es lo que se exige para la prisión preventiva y esto no habido”

Respecto a este tema, el letrado Percy Ipanaqué cuestionó la decisión de la jueza Vílchez, debido a que no habría tenido en cuenta algunas los antecedentes de algunos de los implicados.

“Hay personas que tienen audios que los vinculan con hechos delictivos y la jueza les ha otorgado libertad, en cambio a una de mis patrocinadas, quien no tiene antecedentes, pero se le encontró un arma de fuego guardada en su casa le ordena nueve meses de prisión preventiva por tenencia de armas. La justicia debe ser igual para todos, ella no sabe disparar, no conocía a ninguno de los presuntos cabecillas y la fiscalía la inculpa por la declaración de un colaborador eficaz, quien dice que Julia Lazo era la persona que guardaba las armas a “Pulga”. La policía realizó un informe donde este personaje está en el peaje de Sullana en un automóvil y la fiscal dice que de ahí se dirige a guardar el amamanto a la vivienda de mi patrocinada, pero no hay nada que lo pruebe, ni siquiera el día del operativo se encontraron las armas”, cuestionó Ipanaqué.

LOS OTROS MALDITOS. En el 2017 , en Sala de Apelaciones, los magistrados no encontraron en los elementos presentados por la Fecor hechos convincente que determinaran que existía una red criminal en “Los Malditos de los Algarrobos” y “Los Tramitadores”.

El 18 de julio del año pasado, la fiscal Rocío Vences de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Piura estuvo a cargo de la desarticulación la supuesta red “Los Tramitadores”, donde se capturó a 25 personas entre funcionarios de la Dirección Regional de Transportes de Piura y civiles, a quienes se les sindicaba de cobrar por lo bajo a quienes iban a tramitar sus licencias de conducir.

No obstante en primera instancia el juez, Rolando Siccha Navarro, resolvió que no existía la organización criminal por lo que ordenó 18 meses de prisión para 16 de los investigados por delito de cohecho. En segunda instancia la Segunda Sala de Apelaciones decidió revocarles la medida y solo aun persona quedó detenida por tenencia de armas, este año debido a un exceso de carcelería fue liberada. Se separó a la Fecor del proceso y la fiscalía anticorrupción investiga el caso. En diciembre se capturó a 13 supuestos integrantes de “Los Malditos de los Algarrobos”, pero en Sala de Apelaciones se negó la tipificación de red criminal y solo cuatro de ellos cumplen prisión por otros delitos.