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Nuevamente el jefe de la Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Eswin Manay Guerrero, se ve envuelto en el ojo de la tormenta, esta vez tras la investigación preliminar en su contra que realiza la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por el presunto delito contra la administración pública-colusión agravada y/o negociación incompatible, por las contrataciones que suscribió durante la gestión del teniente general PNP Salvador Iglesias, en la VII Región Policial de Lima en el año 2015, con el cuestionado empresario automotriz Antonio Camayo.
INVESTIGACIÓN
El portal IDL Reporteros detalló en un informe que tres exjefes de la VII Región Policial Lima; el ahora ministro del Interior César Gentille, su predecesor Gastón Rodríguez y el general PNP (r) Salvador Iglesias son investigados desde febrero pasado por el quinto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Gunther Cornejo, por la suscripción de 14 contratos por un monto de 4 millones 102 mil 873 soles por reparaciones y mantenimientos de vehículos de dicha Región Policial, entre la compañía del empresario automotriz Antonio Camayo actualmente investigado por el caso “Cuellos Blancos”.
De la investigación al general en retiro, Salvador Iglesias, quien se desempeñó como jefe de la Región Policial de Lima en el año 2015, se desprende que Iza Motors SAC obtuvo siete contratos en consorcio con otras empresas por un monto total de 2 millones 192 mil 217 soles, y que estos fueron suscritos por el actual jefe de la Primera Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Eswin Manay Guerrero, quien en aquel entonces se desempeñaba como administrador de dicha región policial y con el rango de coronel.
Según la Fiscalía, los contratos se llevaron a cabo previa coordinación para la buena pro con la empresa automotriz del ahora investigado Antonio Camayo, incluso, han recabado la declaración de dos aspirantes de colaboradores eficaz. El pasado 17 de julio, la Fiscalía Anticorrupción dispuso la fijación de nuevos plazos para las diligencias en torno a la investigación preliminar.
En el mismo informe periodístico, se detalla que la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, concluyó que no se les podía imputar responsabilidad administrativa disciplinaria alguna a los tres jefes policiales que se desempeñaron en el año 2015, 2016 y 2017, ya que dichas facultades fueron asumidas por delegaciones directamente por el jefe de la Oficina de Administración, es decir, en el cargo que ocupó el ahora general Manay Guerrero.
Correo llamó en reiteradas oportunidades al general Eswin Manay para obtener su versión sobre la investigación en su contra, incluso, se le envió mensajes vía WhatsApp, pero no obtuvimos respuesta alguna. Mientras que desde la oficina de información nos detallaron que el oficial se encontraba de comisión fuera de Piura y por ello no podía declarar.
