La Universidad Nacional de Piura (UNP) contrató un locador inhabilitado para prestar servicios en el Estado en el periodo 2021 al 2023, generando un indebido provecho económico de S/ 32 000, según un informe de la Contraloría. Además, la jefa de Abastecimiento, Patricia Valdiviezo Criollo, involucrada en el caso del presunto desfalco de las maestrías en Ecuador, fue quien autorizó la contratación de este docente.
El Informe de Control Específico 040-2024-2-0203-SCE del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura hace un análisis de la información emitida por la Oficina de Gestión de Potestad Administrativa Sancionadora de la Contraloría.
En el documento del órgano de control se advirtió que durante los semestres académicos 2021-I, 2021-II, 2022-I y 2022-II, la UNP contrató bajo la modalidad de locación de servicios, al docente Félix Fabián Pintado Rodríguez, para el dictado de clases en el Departamento Académico de Estadística de la Facultad de Ciencias.
No obstante, el profesional aparecía en la relación de personas con inhabilitaciones debido a una sanción administrativa de destitución del ejercicio docente impuesta por la Universidad Nacional de Frontera-Sullana (UNF); además, también la inhabilitación para ejercer la función pública en cualquier entidad estatal, sanción inscrita el 5 de marzo de 2021 en el RNSSC, que finaliza el 5 de febrero de 2026.
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Pese a esta condición, la jefa de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Piura, Patricia Valdiviezo Criollo, formalizó la contratación mediante seis órdenes de servicio.
Entre ellas figuran la 0004929 de 16 de setiembre de 2021, 0001600 de 16 de marzo, 0002802 de 27 de abril, 0005175 de 2 de agosto y 0008532 de 30 de diciembre, todas del 2022 y la orden 0001240 de 23 febrero de 2023. El ingeniero Omar Vences estaba como rector durante ese período.
Según el informe, se advirtió que Valdiviezo Criollo generó tres órdenes sin contar previamente con el impreso de la Certificación de Crédito Presupuestario, del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) debidamente visado, requisito exigido en las directivas internas como parte de la documentación sustentatoria para la formulación de las órdenes de servicios.
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Además, no se evidenció la concordancia entre la ocupación u oficio ofertado por el docente de la universidad y la registrada en la ficha del Registro único de Contribuyentes (RUC). Tampoco se habría verificado los términos de referencia y Curriculum Vitae.
Mientras tanto, la funcionaria Patricia Valdiviezo fue involucrada con responsabilidad penal, por lo que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales.
Por su parte, el abogado penalista Percy García Cavero explicó que la funcionaria Patricia Valdiviezo al tener reglas de conducta por el caso del presunto desfalco de las maestrías en Ecuador, no debería cometer delitos, motivo por el cual podría ser condenada por otros casos.
