El penalista Francisco Álvarez explicó que la situación se le complica al exmandatario por quebrantar el orden constitucional.
El penalista Francisco Álvarez explicó que la situación se le complica al exmandatario por quebrantar el orden constitucional.

Las medidas que dictó en un mensaje a la Nación el expresidente de cerrar el y otras más, le podrían costar su libertad, ya que sería investigado por la Fiscalía de la Nación por rebeldía y cuya pena son hasta 20 años de cárcel.

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Complicado

Así lo dio a conocer el especialista en Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Piura, Francisco Álvarez, quien explicó los delitos que habría cometido el exjefe de Estado tras el hecho de ayer.

“Lo que se le viene ahora (a Castillo) es una investigación por el delito de rebelión, porque ya no es presidente en ejercicio. Lo único que ha cambiado ahora (que ya no es presidente) es que puede ser detenido -como ha pasado- porque ha cometido un delito en flagrancia”, dijo Álvarez a Correo.

El penalista mencionó que el presunto delito que ha cometido Pedro Castillo es rebelión.

“El delito que ha cometido Castillo es rebelión y tiene una pena de 10 a 20 años de cárcel, porque ha quebrantado el orden constitucional. Y más, porque el quebrantamiento viene nada menos que de parte del presidente de la República”, indicó.

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Puso como ejemplo el caso de Antauro Humala. “Por ejemplo, está el antecedente del caso de Antauro Humala, que en esa época era un ciudadano común y corriente, y aparte era un reservista. Y más ahora (que Castillo) sea el presidente de la República, eso a nivel de determinación de la pena como tal, le da un nivel mucho mayor y le pueden poner una pena máxima sin ningún problema, porque está en el más alto cargo de la Nación”, dijo Álvarez.

Dijo que ahora que ya no es jefe de Estado, está sujeto a diferentes medidas, como la detención preliminar. También, el impedimento de salida del país, lo que antes no podían hacerlo porque era presidente de la República.

“Ahora va a poder sufrir varios tipos de medidas, porque ya no tiene el mismo grado de protección que tenía antes y frente a la situación legal que tiene el señor Castillo, se le complica mucho”, explicó.

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Hasta el momento, Castillo Terrones tiene 6 investigaciones preliminares a cargo de la Fiscalía la Nación, que lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal. Asimismo, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA.. También, la fuga de funcionarios de su gobierno y otras.

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