Piura: Convenios de la FAP y gobierno regional escondían una sobrevaloración

La firma de un convenio marco entre el gobierno regional y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) no buscaría facilitar la realización de obras, sino que sería parte de un plan para sobrevalorarlas y desviar dinero a las cuentas personales de funcionarios, que aprobaron la ejecución del mantenimiento de 2 vías.

Para la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Piura, los 43 imputados -entre funcionarios, personal FAP y proveedores- que son investigados por los presuntos delitos de colusión y peculado, habrían concertado dos acuerdos específicos para ejecutar el mantenimiento de la carretera vecinal Paita - Yacila y de la carretera Kilómetro 50 - Chulucanas, favoreciéndose con los proyectos que fueron sobrevalorados.

Este hecho habría causado un perjuicio económico de al menos un millón 799 mil soles, según el peritaje policial. No obstante, la pérdida para el Estado podría llegar a 2 millones 192 mil soles, citados en una pericia judicial.

ANTECEDENTES. El 8 de agosto de 2008, el entonces presidente regional César Trelles suscribió un convenio con el comandante de Material de la FAP, César Sebastián Chavarri, donde se comprometían a otorgar a esta última, la ejecución de obras por encargo.

Este trato permitió que se celebren dos convenios específicos, que debieron traducirse en un ahorro para la entidad regional, pero terminaron costando más que si se hubieran adjudicado por contrata. Ambas fueron abandonadas.

La gestión de César Trelles aprobó el convenio de la carretera Paita - Yacila, que se valorizó en 3 millones 054 mil soles, es decir 208 mil soles más que si se hubiera licitado. Por la vía del Kilómetro 50 se acordó un pago de 2 millones 957 mil soles, el incremento fue de 323 mil soles.

FAVORECIMIENTO. Según la carpeta fiscal, estos proyectos no estaban dentro del Plan Anual de Contrataciones del 2008, pero fueron adicionados a pedido del gerente de regional de Infraestructura, Luis Biffi Martín, y aprobado por el gerente general, Freddy Aponte, a pesar que de manera paralela se seguía un proceso de selección. Esto demostraría que habría un interés de los imputados por cambiar la modalidad de las obras, sin sustento técnico ni económico.

Vale decir, que antes de suscribir el convenio marco, no se verificó si la entidad encargada - el Servicio de Ingeniería Seing- FAP- contaba con capacidad de maquinaria ni material necesarios para los 2 proyectos, pues la comisión encargada para esta labor, presidida por Roger Príncipe, nunca se apersonó a la entidad encargada. En cambio, se usó los formatos de verificación elaborados por el coronel FAP Eduardo Rodríguez Zeballos, quien ratificó su propia capacidad operativa.

PAGOS. Pero, ¿cómo se lograba el desvío del presupuesto de estas obras?. Según se determinó en un peritaje del Órgano de Control Interno de la FAP, el gobierno regional depositaba en la cuentas del Seing, quienes hacían lo propio con sus proveedores, los cuales fueron contactados por el jefe del proyecto Kilómetro 50, César Barnillo Ugaz, y el jefe de la obra de la carretera Paita - Yacila, Juan Torres Vidal, y el jefe del Seing, Eduardo Rodríguez Zeballos.

Estos contratistas se cobraban los servicios prestados y devolvían la diferencia a las cuentas bancarias de los funcionarios mencionados.

En esta investigación también se cuestiona el papel de lo funcionarios regionales, pues diversos informes de los supervisores de las dos obras, le advierten a Luis Biffi y Freddy Aponte, sobre el poco avance de las obras , a pesar que ya se había realizado el depósito del 70% del presupuesto pactado. Ninguno tomó acciones hasta que el retraso fue insostenible. El mantenimiento del Kilómetro 50 mostraba un 12% de ejecución, cuando debería estar al 64%. El camino Paita - Yacila apenas superaba el 14% , pero debería haberse ejecutado el 63%. Esto determinó que se resuelva el contrato.