Frente al reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre el posible aplazamiento del inicio del año escolar 2026 como consecuencia de las intensas precipitaciones que azotan diversas regiones, la Defensoría del Pueblo demanda a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) la adopción de decisiones responsables y oportunas.

La institución enfatiza que cualquier disposición debe tener como eje central la protección de la integridad física de alumnos y docentes, sin que ello signifique una vulneración al derecho fundamental de acceso a una educación de calidad.

En ese sentido, la Defensoría recuerda que las DRE poseen la competencia legal y técnica para adecuar el calendario escolar en función de los eventos climáticos o desastres naturales que afecten sus jurisdicciones.

De manera complementaria, las UGEL tienen el deber de garantizar tanto el inicio como la sostenibilidad del servicio educativo. Esto implica supervisar directamente el diseño y cumplimiento de los planes de recuperación de horas lectivas no dictadas, así como reportar el estado de la infraestructura en su ámbito territorial para facilitar las compensaciones y el apoyo logístico que correspondan a cada caso.

Esta exigencia defensorial surge tras la información brindada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien indicó que 46 instituciones educativas presentan graves daños estructurales debido a las lluvias.

Ante este complejo escenario, la Defensoría del Pueblo —a través de su red de oficinas y módulos defensoriales a nivel nacional— desplegará un permanente monitoreo. Esta labor de supervisión verificará la implementación efectiva de medidas de mitigación en las regiones declaradas en estado de emergencia, el despliegue oportuno de las aulas temporales y el cumplimiento real de las jornadas escolares en todos los niveles.