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Nueve meses de prisión preventiva ordenó el juez Christian Azabache Vidal para el comisario y un agente de tránsito de la Comisaría de San Martín de Piura, quienes vienen siendo investigados por presuntos actos de corrupción.
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Pese a alegar inocencia, el jefe de la comisaría de San Martín, mayor PNP Carlos Canales Vargas-Machuca y el encargado de la Unidad de Tránsito de dicha comisaría, brigadier Miguel Sandoval, fueron enviados 9 meses de prisión preventiva, tras ser acusados de presuntamente solicitar la suma de 2 mil soles a una ciudadana para la
Audiencia
La tarde de ayer, el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Cristhian Azabache Vidal, ordenó la medida coercitiva contra ambos policías acusados del presunto delito Contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado.
De acuerdo a lo valorado por el juez, los elementos de convicción sustentados en audiencia concluyen que sí hubo solicitudes de dinero, indiferentemente del monto requerido para entregar el vehículo a la propietaria. Además, se encuentra la declaración del suboficial Miguel Sandoval, quien afirmó que Canales Vargas-Machuca sí se reunió con la dueña del vehículo Erika Martínez Ramos; y según lo dicho por el oficial; el sí tuvo conocimiento de la intervención del vehículo en el mismo día, razón por la cual el juzgado considera que Canales y Martínez tuvieron contacto físico o visual.
También se tienen las llamadas y mensajes de WhatsApp que acreditan que hubo coordinaciones para la entrega del vehículo a su propietaria. Del mismo modo, de acuerdo a la Fiscalía, existen otras conversaciones vía WhatsApp encontradas en el celular del mayor Canales que evidenciarían “pagos” irregulares para la devolución de vehículos.
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Tras la decisión del juez, los abogados defensores de ambos policías apelaron a dicha medida.
En tanto, el magistrado ordenó que la dueña del vehículo Erika Martínez Ramos, afronte el proceso en libertad, tras el pago de 3 mil soles como caución y bajo reglas de conducta.
La misma medida es para el brigadier encargado de la oficina de Tránsito, acusado de solicitar presunta coima de 2 mil soles.
Del mismo, le juez ordenó que la dueña del vehículo Erika Martínez Ramos afronte el proceso en libertad bajo reglas de conducta.
