No habrían aplicado penalidades a empresas por retraso en entrega de ambulancias pese a emergencia sanitaria.
No habrían aplicado penalidades a empresas por retraso en entrega de ambulancias pese a emergencia sanitaria.

La identificó responsabilidad penal en tres funcionarios del hospital Santa Rosa de por no aplicar una penalidad a contratistas, debido al retraso en la entrega de ambulancias, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 82,487.58.

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Informe

Según el informe N° 007-2021-2-4529-SCE, la Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, identificó responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios de esta entidad por no aplicar una penalidad a contratistas, debido a un retraso en la entrega de ambulancias tipo urbanas y rurales para establecimientos de salud.

El documento detalla que, a dos procedimientos de selección, uno para la adquisición de dos ambulancias urbanas tipo I para los establecimientos de salud de La Unión y San Pedro por S/ 558,000, y otro para la compra de cinco vehículos tipo I, II, III, ambulancias rurales tipo I para el Sistema de Atención Móvil de Emergencias (SAMU) y establecimientos de la Diresa por S/ 2 135,000, se determinó que los bienes no fueron entregados en las fechas establecidas en los respectivos contratos. Ello debía generar la aplicación y cobro de penalidades, pero esto no ocurrió.

Los auditores precisaron en el informe que los funcionarios habrían otorgado ampliaciones de plazo y conformidad a los contratistas, a pesar que estas no correspondían, lo que permitió su entrega fuera del plazo contractual.

En el caso de las dos primeras ambulancias fueron entregadas el 20 de julio de 2020, es decir 18 días después del plazo contractual. La entidad pagó el monto acordado y no aplicó la penalidad correspondiente. Y en el segundo procedimiento, la entrega de los vehículos ocurrió 3 días después del plazo y la Diresa cumplió con el pago correspondiente y tampoco se aplicó la penalidad por retraso injustificado.

Al respecto, el director José Nizama solo dijo que está en un proceso de evaluación.

“Ya la Contraloría lo verá”, señaló escuetamente el director.

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