Incertidumbre por continuidad de estudios del río Piura

Tras resolverse el contrato al consorcio español Inundaciones Piura, existe una incertidumbre por la continuidad de los estudios del Plan Integral del río Piura, luego que ayer 20 de octubre venciera el plazo para que el consorcio en mención interpusiera las acciones legales.

CONTROVERSIA

De acuerdo a los especialistas, las acciones que el consorcio puede interponer van desde una demanda arbitral por la controversia en el contrato que, finalmente, terminaría en un reconocimiento por los gastos efectuados, o en el peor de los escenarios, una medida cautelar que paralizaría los trabajos de la tan ansiada obra que afectaría a miles de piuranos ante un inminente periodo lluvioso.

El presidente de la comisión del Seguimiento del Proceso de Reconstrucción, Franco Salinas, precisó que el consorcio está en todo el derecho de interponer un arbitraje; sin embargo, dijo que una medida cautelar sería desastroso para Piura. “Esperamos que esto (acciones legales) lleguen a buen término porque finalmente son los piuranos los que se verían afectados”, expresó.

El parlamentario comentó que tras conocer que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) advirtió mediante un documento oficial al Gobierno Regional que la resolución del contrato no sería viable debido a que los trabajos ejecutados estaban por encima del 50%, se hará las indagaciones con los funcionarios para que den las explicaciones del caso, para ello, a fin de mes la comisión sesionará e invitará al gobernador regional Servando García, a la directora de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, Amalia Moreno, y a los funcionarios del Peihap.

“Si amerita una respuesta por parte de todas la partes involucradas”, detalló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, enfatizó que la actual controversia que existe entre el consorcio Inundaciones Piura y el Gobierno Regional, no debe entorpecer ni paralizar los grandes proyectos destinados para la región, y por el contrario deben realizarse con los mecanismos que manda la ley sobre todo en beneficio de los piuranos.

“Si se resolvió el contrato y hay un avance por el que se ha pagado, lo lógico sería que ese insumo que han avanzado pueda servir a la constructora que gane en el convenio de gobierno a gobierno para poder terminar los estudios Integrales de Piura cuanto antes (…) Todos tienen que mirar este proyecto como de interés para Piura por sobre cualquier interés interinstitucional, si es que eso predomina el consorcio debiera entregar los estudios para que se culminen, haciendo prevalecer la importancia para Piura, más que iniciar una controversia con el Gobierno Regional”, dijo.

Bereche Álvarez manifestó que un escenario que podría presentarse es que el consorcio pida que no se resuelva el contrato, y lo más factible es que el Gobierno Regional se pronuncie sobre si accede o no; sin embargo, detalló que existe una controversia por la entrega de los ocho entregables del Plan Integral del río Piura que tenían como fecha límite agosto del 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19 se cambió a diciembre del 2020.

“Sabemos que han entregado con conformidad del GORE cuatro de los ocho entregables, entonces, qué garantiza que van terminar los estudios, si se han tomado un año con nueve meses para los primero cuatro”, dijo.

ACCIONES

El especialista en contrataciones públicas con incidencia en obra pública, árbitro y adjudicador, Edgar Raúl Zúñiga Morán, enfatizó que una posible medida cautelar implicaría que el consorcio presente ante el juzgado una carta fianza del 10% del contrato y otra de igual monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, pero que lo más viable es que se presente una demanda arbitral que igual implica una paralización y retraso de los trabajos de los estudios del Plan Integral del río Piura.

Añadió que tras la resolución del contrato debe establecerse una fecha para la constatación física e inventario de la obra que dura 15 días, y luego hay una liquidación de obra; mientras no exista este procedimiento, los trabajos del estudio Integral del Río Piura podrían estar paralizados un promedio de un año a año y medio.

Finalmente, Zúñiga dijo que si existiera una mala resolución del contrato, la situación se convertiría en un pandemonio debido a una mala decisión de funcionarios del Gobierno Regional, que conllevaría a pagar más dinero de lo previsto en el contrato, que implica más retraso para los piuranos que se vieron afectados por el desborde del río Piura en el fenómeno del Niño Costero del 2017.

Como se recuerda, el pasado 9 de setiembre, el Gobierno Regional resolvió dicho contrato.