A más de un mes del sismo de magnitud 6.1 que se registró en Piura el pasado 30 de julio, varias familias afectadas aún no han recibido la ayuda que prometió el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ya que algunos siguen viviendo en carpas y solicitan el apoyo de las personas de buen corazón.
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A ello se suma que en el Plan de intervención del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que se encarga de realizar la ejecución de catastro (inventario) de daños ocasionados por el movimiento telúrico, no incluye la totalidad de distritos declarados en estado de emergencia, según un informe de la Contraloría de la República.
En el Informe de Hito de Control N° 08-2021-OCI/4246-SCC, el mismo que fue comunicado al director ejecutivo de Cofopri para que conozca y tome las acciones correspondientes frente a esta situación, advierten que el plan de intervención no incluye la totalidad de distritos declarados en estado de emergencia, así como tampoco considera las viviendas en condición de daño recuperable y afectación leve o moderada; situación que genera el riesgo de incumplimiento del logro de los objetivos del proceso y posibles reclamos de la población afectada por el sismo.
Como se recuerda, seis días después de ocurrir el fuerte sismo, mediante el Decreto Supremo N° 146-2021-PCM declaró en emergencia 38 distritos de las siete provincias de la región por un plazo de 60 días calendario para que se tomen las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan y fue el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo quien solicitó la intervención de Cofopri para realizar el catastro de daños.
Sin embargo, hay distritos que no han sido considerados como La Unión, Catacaos, Las Lomas y Tambogrande que pertenecen a la provincia de Piura; Bellavista (Sullana); Morropón, Buenos Aires, La Matanza y Chalaco (Morropón); Amotape, Vichayal y Arenal (Paita); Sechura, Vice, Rinconada Llicuar y Cristo nos Valga (Sechura) y distritos de Pariñas y Los Órganos de la provincia de Talara. Es decir, solo se ha identificado la afectación de 854 inmuebles, lo que representa el 47% de las localidades afectadas por el movimiento telúrico.
Asimismo, en el documento de la entidad auditora, también se constató que dicho plan solo incorporaba a viviendas en condición de colapsadas e inhabitables, pero dejaba de lado a las casas en condición de daño recuperable, afectación leve o moderada. Incluso, de acuerdo a un informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se reportan 3364 viviendas afectadas, las cuales no aparecen en el plan de intervención.
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Al respecto, el alcalde de Vichayal, Víctor Salinas, explicó que precisamente esa era la situación que pasaban los pobladores, quienes tenían que entender que no todas las viviendas iban a recibir alguna ayuda por parte del Estado. Sin embargo, aclaró que como municipio han entregado toda información con respecto a los daños por lo que es el gobierno central, a través del MVCS, quien designe la ayuda necesaria, ya que muchas familias siguen viviendo en las carpas a más de un mes de ocurrido el sismo.
“Nosotros verificamos la información, pero también lo hace el gobierno regional, Indeci, ellos evalúan los daños, ellos tienen que hacer un plan y ellos son los que van a reconstruir porque el dinero va dirigido al Ministerio de Vivienda, no la municipalidad, ellos tienen que reevaluar si realmente necesitan ayuda, Por ello, la población tiene que entender, no es que se me rajó la pared y ya te vamos a construir la casa, eso lo ve el Ministerio de Vivienda”, explicó la autoridad edil.
El problema en el distrito de Vichayal es que en su mayoría las casas, más que colapsadas, se vieron perjudicadas con la aparición de aguas subterráneas después del sismo, sin embargo, tampoco se ha hecho algo frente a esta situación, lo que provocó que varias familias salgan de sus viviendas para habitar en la carpas.
Por su parte, los representantes del Ministerio de Vivienda, precisaron que hay tres niveles de afectación de viviendas: las que quedaron destruidas (y requieren ser reconstruidas); las inhabitables (que requieren ser demolidas y reconstruidas); y las viviendas afectadas (que requieren intervenciones menores).
Sin embargo, la entidad ministerial ha asumido el compromiso de intervenir en los dos primeros casos. Por eso, las 854 viviendas de las que habla el decreto de urgencia son las destruidas e inhabitables, que requieren ser reconstruidas.
“El Ministerio de Vivienda va a financiar esta intervención a través del Bono Familiar Habitacional en la modalidad Construcción en Sitio Propio. De otro lado, si bien fueron 38 los distritos declarados en emergencia, el Ministerio de Vivienda, Indeci y las municipalidades han determinado que solo son 18 los distritos donde hay viviendas que requieren ser reconstruidas”, señaló el vocero.
No obstante, advirtió que “es importante, además, recordar que la brecha es grande por la autoconstrucción: casi el 69% de viviendas a nivel nacional han sido autoconstruidas sin asistencia técnicas. Por eso el MVCS está implementando la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que establece estrategias para reducir la brecha de vivienda de acuerdo a las condiciones y características de la población”, finalizó.
En tanto, las familias seguirán esperando que el gobierno ejecute las viviendas ofrecidas.