Los padres de Anthony Camizán presentaron una Tutela de Derechos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, por presunta vulneración al debido proceso al rechazar que una testigo clave sea procesada como investigada por presunta obstrucción a la justicia, en el caso de la desaparición del joven universitario. Junior Camizán precisó que están a la espera de los resultados y continuar con el proceso.

EL pedido. De acuerdo con el expediente N° 1005-2025-0-2004-JR-PE-01 de la Carpeta Fiscal N°: 1980-2025, los padres de Anthony Camizán Guerrero interpusieron la Tutela de Derechos por supuestamente haberse infringido el debido proceso al rechazar que la testigo clave, Yenny Carla Ocaña Julca, sea procesada como investigada por presunta obstrucción de la justicia.

“Por haberse infringido los derechos constitucionales. [...] a fin de que se dicte corrección de dicho acto por ser inconstitucional y al haberse resuelto no ha lugar a lo peticionado respecto a la variación de condición procesal de testigo a investigada de la ciudadana Yenny Carla Ocaña Julca, solicitamos a su judicatura, con arreglo a ley, que sea comprendida como investigada en la presente investigación”, dice el documento presentado.

Este pedido se hace luego de revelarse mensajes de WhatsApp en el que el imputado Mell Gipson Sancarranco Vega, actualmente bajo prisión preventiva, “instruía” a Ocaña Julca sobre qué declarar. Pues, en las conversaciones, el policía le pedía ocultar su relación sentimental y negar cualquier vínculo con Edixon Córdova Godos, principal sospechoso de la desaparición del joven desde el 2022.

Según el documento, la testigo Ocaña Julca ha reconocido haber mentido en su declaración, inicialmente sobre su relación amorosa con el agente Mell Gipson, en el 2022, año en que Anthony desapareció y en el cual ambos recibieron llamadas del sospechoso principal del crimen. Además, el teléfono iPhone 11 de la víctima fue hallado posteriormente bajo la responsabilidad del ahora detenido Sancarranco Vega, pese a ello, la Fiscalía desestimó el pedido de los padres para cambiar su condición jurídica.