Piura recibió S/814 mlls para actividades de reconstrucción

Nueve meses después de El Niño costero y a pocas semanas del inicio de una nueva temporada de lluvias, la reconstrucción en la región aún no despega. Hay avances en la entrega de los fondos, pero se percibe un retraso en la adjudicación y ejecución de obras. Esto ha generado recientes protestas en algunos distritos de Piura, Paita y Catacaos.

Al clamor ciudadano se suman las alertas emitidas por la Contraloría General de la República. Entre estas figuran riesgos de sobrecostos y errores en la elaboración de expedientes de obras de rehabilitación de pistas, así como dificultades para el cumplimiento del plazo de la descolmatación de los ríos Piura y Chira, y otras actividades de prevención.

Según especialistas, este año los procesos se podrían ver más retrasados por las elecciones municipales y regionales 2018.

EN DETALLE. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha transferido a la fecha casi S/814.32 millones para intervenciones en la región. En estadística actualizada al 30 de diciembre, Piura encabeza la lista de las 13 regiones beneficiadas con la transferencia de un S/1,404 millones.

Cerca del 74% del monto adjudicado está a cargo de los ministerios, mientras que un 25% está a cargo del Gobierno Regional de Piura y solo un 1% de las municipalidades. La mayor parte de las obras que ya han sido adjudicadas están destinadas a rehabilitar o reconstruir infraestructura agrícola y de transporte.

Para la especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura, Juana Huaco, el monto licitado hasta ahora es una cifra que nunca antes ha sido destinado por el Estado para atender rápidamente a las regiones afectadas por fenómenos naturales.

“Ahora mismo el panorama es incierto por el marco político que atravesamos. Solo este monto representa casi la mitad del gasto anual de inversión pública de todos los niveles de gobierno. Debemos poner todo nuestro esfuerzo para que la reconstrucción no demore más, debemos exigir a nuestras autoridades que cumplan con el gasto del presupuesto en obras transparentes”, dijo.

Huaco considera que el verdadero reto estará en la conclusión de las inversiones en los plazos adecuados a través de la coordinación estrecha que debe partir del nivel técnico al político.

“Tiene que haber soporte técnico y político, a través de un diálogo cercano. Está bien que los políticos tengan personal de confianza, pero este debe ir acompañado de la capacidad técnica, con conocimiento propio de los procesos administrativos y las licitaciones. Este año, los ciudadanos deben elegir mirando los cuadros técnicos, no la popularidad del candidato”, concluyó.

Ocho meses después de haber sido creada, la ARCC -ahora al mando del economista Edgar Quispe- ha replanteado el enfoque adoptado por su predecesor, Pablo de la Flor, y priorizará las coordinaciones con las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y municipalidades.

En octubre del año pasado, De la Flor dijo en una entrevista que los gobiernos regionales tenían “brechas e incapacidades que dificultan en avance de la reconstrucción”. Ante esto, proponía la creación de una unidad ejecutora que asumiera el control de las obras con retrasos. “Si ellos no pueden hacerlo, lo haremos nosotros”, sentenció el ex funcionario, pero días después renunció.

Al respecto, el secretario técnico Antiocorrupción, Jaime Távara, considera que la ARCC no tiene la capacidad para ejecutar los proyectos de reconstrucción. “Ahora los gobiernos no tienen la capacidad de ejecutar las obras con la rapidez y eficacia que se requiere, pero es la ARCC quien tiene que reforzar las unidades ejecutoras. No creo que la ARCC pueda ejecutar todas las obras en conjunto”, dijo.

Si bien la ARCC señala que la inversión total debe concretarse en los próximos 3 años, ambos especialistas consultados concuerdan en que el proceso podría tomar un poco más de tiempo. Los S/7 mil millones que se tiene calculado invertir en el 2018 para obras de reconstrucción en las localidades afectadas equivalen al gasto de inversión de todas las municipalidades provinciales y distritales del norte del país.

Huaco incide en que debe tomarse en cuenta que, tras las elecciones municipales del 2018, se instalarán nuevos equipos técnicos, lo cual podría retrasar las obras.

ROL DE CONTRALORÍA. En tanto, las alertas emitidas por la Contraloría General de la República buscan garantizar un control eficaz y simultáneo de las intervenciones a cargo de las unidades ejecutoras.

Desde setiembre a diciembre del 2017, el órgano de control alertó 121 situaciones adversas identificadas en la región, respecto a los procesos de selección para la contratación de servicios, que van desde la elaboración de expedientes técnicos hasta tareas de descolmatación de ríos y drenes, entre otras.

Precisamente el 28 de diciembre de 2017, el control concurrente advirtió deficiencias en los procesos de licitación a cargo del Gobierno Regional de Piura referidas a la rehabilitación de las vías Cáceres y de las avenidas Francia.

De igual manera, el órgano de control advirtió que el gobierno regional incumplió con levantar las observaciones relacionadas al personal clave y equipamiento de la rehabilitación de los drenes 13.08 y Sechura, y de diques izquierdo y derecho del Bajo Piura.

Todas las situaciones detectadas hasta la fecha, según la Contraloría, han generado el riesgo que se vulnere la transparencia del procedimiento de selección a cargo de los ministerios, los gobiernos regionales y municipios.