La Contraloría General de la República advirtió que los servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno infringieron la normativa vigente para desviar y utilizar fondos públicos provenientes de los recursos directamente recaudados bajo la denominación de “planilla de alimentos”.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 084-2023-2-5350, durante el período del 2015 al 2022, los servidores se asignaron beneficios económicos por concepto de alimentos que ascienden a 21 millones 858 mil soles, a pesar de la carencia de sustento normativo actual. Para respaldar estas prácticas irregulares utilizaron la directiva interna aprobada mediante la Resolución Directoral Regional.
A pesar de las advertencias, los responsables del área de remuneraciones, beneficios sociales, unidades de personal, contabilidad, presupuesto, administración y planeamiento de la entidad ignoraron sus funciones y la normativa aplicable, por lo que facilitaron la habilitación, transferencia, disposición y pago mensual de montos provenientes de fondos públicos de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados en beneficio propio y de todos los servidores vinculados por esta modalidad.
Este beneficio no registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) no forma parte del estímulo económico del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo CAFAE.
La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y/o servidores públicos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno.
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