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En un verdadero campo de batalla se convirtió la urbanización Néstor Cáceres Velásquez, donde se llevó adelante el desalojo de 21 predios que en la mayoría de casos, eran ocupados por personas con discapacidad.
Desde las primeras horas de ayer, aproximadamente 150 personas entre posesionarios y familiares se atrincheraron en la vía Juliaca – Puno, donde quemaron llantas, bloquearon con piedras, vidrios y pusieron banderas en sus viviendas.
A las 09:30 horas llegaron cerca de 200 policías al mando del coronel PNP Fernando Cardoso Maldonado y tras una conversación con los manifestantes, el magistrado Froilán Coyla Pacompia del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Puno, ordenó el desalojo.
Los agentes con escudos, cascos, bombas lacrimógenas y perdigones dispersaron a los ocupantes, quienes lanzaron piedras provocando que dos escudos terminen dañados, cuando la Policía tomó el control, los posesionarios empezaron a sacar sus bienes de los inmuebles.
La Defensoría del Pueblo constató a tres personas heridas en el hospital Carlos Monge Medrano quienes fueron auxiliados por integrantes de la Compañía de Bomberos, estos fueron identificados como Eduardo Chipana Condori, por desmayo: Clorinda Delgado de la Flor, herida por perdigones, y Nicolás Calsin Zapana, con hematoma en la cabeza.
Mientras que una suboficial de la Policía fue auxiliada por sus colegas luego de ser agredida con un pico, en el hombro derecho por una persona con discapacidad, ella fue llevada a un establecimiento de salud.
Varias personas con discapacidad lloraron, se lanzaron al piso e insultaron a los policías, ante el terrible momento que les tocó vivir, para muchos de ellos este era su único lugar para vivir y no tienen a donde ir.
“Que me saquen muerta de aquí, saben que nosotros tenemos familia”, gritaba una de ellas.
Trece años de posesión
El abogado de los posesionarios Bernardo Rodríguez Vilca indicó que esta área no tiene dueño porque desde hace trece años le pertenecía a una fundación que se desactivó y el predio pasó a ser de propiedad de la municipalidad.
Los pobladores habrían pagado entre 6 y 8 mil soles para adquirir cada terreno, pero nunca obtuvieron un titulo de propiedad, por esta razón el proceso judicial terminó siendo favorable para la Familia Carita que ahora tomará posesión.