El gobernador Omar Jiménez está obligado a implementar la ordenanza que dispone el cierre del Proyecto Especial de Tacna (PET), sino estaría incurriendo en un delito, aseguró el consejero delegado Santos Pablo Agama.

Se refirió así a las declaraciones de Omar Jiménez en el sentido de que ya no habría razón para clausurar el proyecto luego de superarse la crisis por la reposición judicial de 80 extrabajadores.

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El titular del Consejo Regional subrayó que la negativa de Jiménez encajaría en el Artículo 377 del Código Penal, que regula la “omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales” de los funcionarios públicos.

“Una vez que ha sido notificado el ejecutivo tiene 15 días hábiles para publicar la ordenanza en El Peruano, ya van como cinco días, sino la publica lo haremos nosotros”, afirmó.

Respecto a los comentarios de Jiménez de que dicha ordenanza será enviada a Asesoría Legal para evaluar sus alcances, Santos enfatizó que no hay nada que discutir y debe implementarse. Puso como ejemplo la desactivación del Proyecto Río Cachi en Ayacucho, medida adoptada tras la aprobación en el legislativo regional. 

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Recordó que el cierre del PET no solo se originó por la inestabilidad presupuestal sino que fue un pedido de las juntas de usuarios por sus malos manejos. Santos dijo que se comunicará a los gremios de Tacna la aprobación del cierre del PET así como la negativa del ejecutivo en aplicarlo.

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