La “Construcción de Sala de Hospitalización; Adquisición de Equipo; en el establecimiento de salud Hospital Hipólito Unanue, que al inicio de la pandemia del COVID-19 fue anunciado por el gobernador regional Juan Tonconi Quispe para atender a los innumerables pacientes cuando se inicie el pico más alto en la región, a la fecha solo recibe observaciones por las diversas presuntas irregularidades.

Unas de ellas son las que figuran en el informe final de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, que detectó desde un supuesto direccionamiento, hasta un doble expediente técnico, entre otros.

La consejera Danny Salas Ríos, quien preside este grupo de trabajo, adelantó que tras investigar varias cosas, a pesar que el ejecutivo del GRT no brindó la información requerida, hallaron como una de las primeras irregularidades la supuesta existencia de dos expedientes técnicos.

Mencionó que uno está en la Resolución Nº 033 que fue aprobado el 17 de abril, y que tiene el componente de infraestructura habilitando un presupuesto de S/ 17 millones. “Este presupuesto incluía la instalación de módulos de Calaminón con S/ 15 millones”, detalló agregando que después el ejecutivo les solicitó la aprobación de la ejecución directa para módulos básicos, anotando que el 27 de abril el residente emitió el valor referencial de S/ 20 millones.

Salas señaló que a las tres empresas proveedoras EGA Calaminón, Nexcom y Col Perú se les dijo que pueden hacer la indagación del mercado, pero Nexcom observó al GRT que no coloquen los Términos de Referencia de manera abierta porque figuran los productos de Calaminón. “Ahí posiblemente direccionamiento”, precisó.

Advirtió que el ejecutivo debió conformar un comité para la apertura de sobres pese al estado de emergencia, pero dice que todo lo hizo la oficina de Logística. Según los TDR, la maquinaria debía ser del 2010 pero los documentos señalan que son del 2007. “Este IOARR no constituye como proyecto de inversión pero por todo lo invertido, dejó de ser IOARR”, acotó la legisladora.

La consejera Danny Salas declaró que tras la aprobación del informe en el consejo regional será remitido a la Fiscalía, Contraloría General de la República, al OCI y a secretaría técnica de procesos disciplinarios, para que tomen las medidas correspondientes. “El IOARR era para atender esta crisis”, subrayó.

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