A través del Informe de Visita de Control 005-2026 OCI el Órgano de Control Institucional del Programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65 detectó que los familiares de los beneficiarios se están encargando del cobro de la subvención económica generando el riesgo su uso no autorizado de la tarjeta de débito y de afectación del destino de dicho bono solidario.
Los auditores informaron que se ha verificado que en Tacna existen muchos usuarios con un deterioro de su capacidad para caminar así como la pérdida de la visión, quienes encargan el cobro del dinero a sus hijos, situación que se ejecuta fuera del marco del procedimiento de autorización del cobro a través de terceras personas.
Desconocen trámite
La mayoría de los beneficiarios ha señalado que no se les ha comunicado sobre los pasos que deben seguir para autorizar formalmente a un tercero ni los formatos para efectuar dichos trámites.
Según la Contraloría, el jefe de la unidad territorial, en el caso de Tacna Juan Carlos Calizaya Inchuña, debería ser el responsable de que a través de visitas domiciliarias se difunda y comunique a los usuarios respecto a la designación de un tercero autorizado.
