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La Contraloría realizó 96 servicios de control, desde enero hasta abril de este año, a fin de cautelar la ejecución de recursos públicos en la región Tumbes, en especial los destinados a la atención de la emergencia por las lluvias. En materia de control simultáneo, las entidades estatales no adoptaron acciones para corregir el 61% de alertas emitidas.
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La gerenta regional de Control de Tumbes, María Elena Molina Camacho, precisó que, de los servicios de control realizados, 77 corresponden al control simultáneo y 19 al control posterior.
La funcionaria explicó que la entidad fiscalizadora superior, durante los cuatro primeros meses del año, desplegó equipos de auditores a lo largo y ancho del departamento para acompañar en los procesos de atención a damnificados y afectados por las intensas precipitaciones pluviales, a consecuencia del ciclón Yaku, en el marco de la declaratoria de emergencia.
De esta manera, se desarrollaron reuniones de orientación y visitas de acompañamiento, priorizando la verificación e inspección en los almacenes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en la entrega de ayuda humanitaria a las municipalidades provinciales y distritales, a fin de verificar el estado de los bienes y su oportuna distribución.
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Además, se efectuaron visitas de inspección a instituciones educativas, establecimientos de las microrredes de salud, carreteras y la defensa ribereña, en donde las lluvias habían causado grandes afectaciones a la infraestructura, evidenciándose problemas constructivos. En ese sentido, los equipos de auditores especialistas visitaron las 3 provincias de la región: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.
Control simultáneo y posterior
Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 348 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas y preventivas que correspondan.
Sin embargo, 92 (26%) situaciones adversas no han sido corregidas, en 213 (61%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 24 (7%) fueron corregidas, 16 (5%) presentan acciones y 3 (1%) fueron desestimadas.
Entre los principales informes emitidos destacan el hito de control N°668-2023-CG/GRTB-SCC, al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, donde se advirtió que no existían acciones orientadas a garantizar la continuidad de los trabajos en la obra de creación de la defensa ribereña, margen izquierda del río Zarumilla.
Esta situación generó que no se cumplan los plazos, incrementando la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de fenómenos climáticos, como el ocurrido en los primeros meses del año y que causó daños en un tramo aledaño.
Asimismo, se detectaron situaciones adversas en la obra de reconstrucción del hospital SAGARO, por más de S/189 millones, en las etapas de procedimiento de contratación y ejecución; en la recepción del malecón de Zorritos, ambas a cargo del Gobierno Regional de Tumbes.
Además, en las obras de saneamiento básico de la calle Benavides y en el mejoramiento del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Nuevo Tumbes, realizadas por la Municipalidad Provincial de Tumbes, entre otras.
En la provincia de Contralmirante Villar, se alertó de graves problemas en la infraestructura del centro educativo Trigal, de la Municipalidad Distrital de Casitas. Del mismo modo, continúa el seguimiento y alertas de control a la rehabilitación del centro de salud cabecera de la microrred de Zarumilla, a cargo de la comuna provincial fronteriza.
Agenda de Control en Tumbes
Para los próximos cuatro meses, la Contraloría General realizará una auditoria de cumplimiento a la obra de “Mejoramiento del servicio educativo de la I. E. José Antonio Encinas”, realizada por el Gobierno Regional de Tumbes.
También se encuentran en ejecución diferentes servicios de control específico a la Municipalidad Provincial de Zarumilla, Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar y la Universidad Nacional de Tumbes.
Del mismo modo, los auditores participan de megaoperativos, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, iniciado en marzo último, cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
