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El Poder Ejecutivo envió hoy al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Código Penal y sancionar los delitos cometidos por los denominados hackers.
La norma propuesta señala que aquellas personas que, sin autorización, acceden a todo o en parte de un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad, recibirán sanción penal.
La iniciativa (2520-2012-PE) propone modificar los artículos 208ºA, B, C, D y E, e incorporar los artículos 162ºA, 183º, 197º A y 438º A al Código Penal.
Puntualmente se señala en el Título V-A, que cometen delitos contra los datos y sistemas informáticos, aquellas persona que a través de las tecnologías de la información o de la comunicación; introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos.
La pena que propone el Ejecutivo será de privación de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 80 a 120 días multa.
Similar sanción recibirá aquel que inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios.
También se sancionará a aquel que fabrica, vende, facilita, distribuye u obtiene para su utilización mecanismos, dispositivos, contraseñas o códigos de acceso, lo que apuntaría a los que ofrecen programas de hackeo en conocidas tiendas comerciales en la AV. Wilson u otras zonas.
Estos delitos son agravados si el agente los comete mediante el abuso de una posición especial de acceso a la información, ya sea reservada o de conocimiento privilegiado en razón del ejercicio del cargo o función que ostente.
¿CONTRA ANONYMOUS?. Recientemente el gobierno de Ollanta Humala ha sido blanco de ataques del grupo de hacktivistas de Anonymous, no obstante estos no sustraían información de los portales del gobierno sino sólo alteraban o modificaban contenidos.
Anonymous no se ha pronunciado formalmente sobre este proyecto de ley, pero sí se pronunció sobre la posibilidad de que el gobierno de Humala promueva en el país la denominada Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), que apunta a sancionar la distribución libre de contenidos online en Internet.
PORNOGRAFÍA INFANTIL. Pero en la misma iniciativa, el Ejecutivo también plantea modificar el Código Penal (artículos 183º y 323º) para que se sancione con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de diez años, a aquella persona que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio, objetos, libros, escritos, imágenes, vídeos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico en los cuales se utilice a menores de edad.
Por último, el proyecto de ley sancionará al que de por sí, o mediante terceros, discrimina a una o más personas, incita o promueve actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, edad, filiación, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria y opinión.
