El domingo pasado, las elecciones primarias legislativas argentinas dieron un panorama de la posición de la población frente al Gobierno. El oficialismo, bajo la coalición Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda), consiguió solo 31% de los votos a nivel nacional, un revés que se explica por la mala situación económica que atraviesa el país.
El descontento se hizo público, además, con manifestaciones en las calles de Buenos Aires esta semana, en demanda por mejores condiciones de vida. En recesión desde 2018, Argentina atraviesa una crisis económica que se vio agravada por la pandemia de COVID-19. Según un informe presentado en marzo de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza escaló hasta alcanzar al 42% de la población; es decir, alrededor de 19 millones de personas. La falta de trabajo también arrecia, con una tasa de desempleo de 10.2%. A ello se suma una inflación que se cuenta entre las más altas del mundo (32% de enero a agosto, y más de 50% interanual) y la depreciación del peso. Asimismo, hay una deuda pendiente de 44,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El próximo 22 de septiembre, el país debe pagar al FMI un vencimiento de capital por 1900 millones de dólares y en diciembre otro por el mismo monto.
En este contexto, la calle y las urnas dieron un golpe al Ejecutivo, que mostró sus fracturas internas. El Frente de Todos en realidad está dividido: por un lado, el presidente Alberto Fernández, y por el otro, la vicepresidenta y también exgobernante Cristina Fernández de Kirchner.
Guerra por gabinete. El miércoles, cinco ministros cercanos a Cristina pusieron sus cargos a disposición. Con ello, la vicepresidenta intentaba un cambio de gabinete, que incluya al jefe de ministros y hombre de máxima confianza del mandatario, Santiago Cafiero. Además, Fernández de Kirchner publicó una carta abierta en la que se limpiaba de responsabilidades por la debacle económica del país y el fracaso electoral. Allí, manifestaba que le había advertido varias veces al presidente que era necesario un nuevo rumbo en materia económica.
“Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”, escribió.
Asimismo, Cristina ejerció más presión para el cambio de gabinete. “¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota [electoral], presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno?”, señaló en la misma carta.
El mandatario no quiso aceptar la dimisión de los ministros, ya que ello implicaba desprenderse de personal de confianza y ceder a la presión. El viernes, sin embargo, anunció modificaciones. Cafiero fue movido a Cancillería, pero con despacho fuera de la Casa Rosada. Como nuevo jefe de ministros entra Juan Manzur, gobernador de la provincia de Tucumán y propuesto por la propia vicepresidenta. Los cinco ministros cercanos a Cristina que presentaron su dimisión fueron ratificados. Se trata de una victoria política para ella y una derrota para Alberto Fernández, que se muestra debilitado y con menor rango de acción para tomar decisiones propias.
Cabe agregar que la vicepresidenta está siendo procesada por corrupción. En una columna de análisis del diario La Nación, de Argentina, se señala que “Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que los tribunales argentinos se mueven al ritmo del poder”. Bajo esa lógica, tener el control de la mayor cantidad de operadores en puestos de autoridad podría resultar clave.