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Tres años después de que la policía irrumpiera en una gasolinera brasileña siguiendo el rastro de negocios ilegales de cambio, la operación "Lava Jato" (lavadero de autos) se ha convertido en uno de los mayores casos de corrupción de la historia, con ramificaciones en decenas de países.
La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre políticos y empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África. En base a confesiones de exejecutivos de esa firma, la corte suprema aceptó hoy abrir investigaciones contra 9 ministros del gobierno del presidente Michel Temer, 29 senadores, al menos 40 diputados y tres gobernadores.
Este proceso histórico alcanza a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y a cuatro exmandatarios: el hoy senador Fernando Collor, y otros tres que no tienen fueros y cuyos casos serán decididos en cortes inferiores: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
¿Qué se investiga? Los delitos recurrentes son corrupción pasiva y activa, crímenes contra el sistema financiero, formación de organización delictiva y lavado de dinero. El esquema consistía, según la fiscalía, en "empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas".
Las constructoras se cartelizaron para eliminar la competencia por las obras de Petrobras y actuaron en connivencia con directivos de la estatal, que a su vez eran designados por políticos para recaudar ilegalmente. Los excedentes de las obras sobrefacturadas eran transferidos como sobornos a partidos y conspiradores. Luego, operadores del mercado de cambio gestionaban los pagos y blanqueaban el dinero sucio.
¿A quiénes? La causa se tramita en tres ámbitos:
1) La primera instancia, donde actúa el juez Sergio Moro, convertido en un emblema anticorrupción. Aquí se procesa a políticos, exlegisladores, exdirectivos de Petrobras, empresarios y operadores de cambio que carecen de fuero privilegiado. Las condenas emitidas ya suman más de 1.300 años de cárcel. Es también el ámbito de actuación de los fiscales que acusaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser el "comandante" de la red fraudulenta y donde fue condenado a casi 20 años de cárcel Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su apellido.
Las principales firmas implicadas en el escándalo son Odebrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Mendes Junior, Skanska, Queiroz Galvao, Engevix, SETAL y Galvao Engenharia.
2) El Supremo Tribunal Federal (STF) se ocupa de funcionarios federales con fuero. Las investigaciones y denuncias en este nivel son realizadas exclusivamente por el fiscal de la República, Rodrigo Janot.
El STF aún no dictó condenas y solamente aceptó cinco denuncias: contra la senadora Gleisi Hoffmann y el diputado Vander Loubet, ambos del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda); el diputado Nelson Meurer, del Partido Progresista (PP, derecha); el senador Valdir Raupp (PMDB, centroderecha), aliado del presidente Michel Temer; y Eduardo Cunha (PMDB), cuyo caso pasó a primera instancia tras ser despojado de su mandato de legislador.
A fines de marzo, el expresidente de la Cámara de Diputados fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción.
3) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) instruye causas de funcionarios regionales (gobernadores o integrantes del Tribunal de Cuentas de la Unión, que audita al Estado) y tramita apelaciones ya denegadas en instancias inferiores.
Antes de la decisión de esta jornada, la corte suprema tenía ya en sus manos 85 investigaciones sobre funcionarios federales. Algunas de esas causas incluyen a personas sin fuero, cuyo grado de implicación impide enviarlas a la justicia ordinaria. La mayoría de los investigados están ligados al PT, al PMDB, al PP y al PSDB (centro) del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Un estudio de la Policía Federal indicó que el perjuicio total por el fraude asciende a 42.000 millones de reales (unos 13.500 millones de dólares) solo en Brasil. La Justicia pidió un resarcimiento de 38.100 millones de reales y busca recuperar 3.950 millones en activos desviados: 756 millones están en fase de repatriación y 3.200 millones fueron bloqueados judicialmente a los acusados.
Petrobras anotó pérdidas por este caso equivalentes a 2.059 millones de dólares en 2014.
Las delaciones. Buena parte del éxito de la operación se debe a las "delaciones premiadas", acuerdos entre la Justicia y los investigados para obtener confesiones a cambio de una reducción de sus condenas.
Los acuerdos autorizados permitieron desanudar la trama, entender las jerarquías, precisar fechas y cuentas y acceder a conversaciones grabadas de empresarios, operadores de cambio, políticos y directivos de Petrobras, como el exgerente de Servicios Pedro Barusco, que devolvió los 97 millones de dólares que había desviado.
El caso más saliente es el de Odebrecht.
AFP
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