Más allá de lo que vaya a suceder en las próximas horas con el cadáver del genocida Abimael Guzmán, sería bueno que de una vez el actual Congreso establezca un procedimiento para impedir que las tumbas de los otros cabecillas que aún están vivos, en el futuro se conviertan en objeto de homenajes y actos de apología.
No olvidemos que queda viva Elena Iparraguirre (a) “Miriam”, Óscar Ramírez (a) “Feliciano” y otros cabecillas de Sendero Luminoso, así como Víctor Polay y Miguel Rincón Rincón, ambos del MRTA, por lo que sería positivo definir que una vez muertos, sus restos sean incinerados y desaparecidos.
No olvidemos que estos nefastos personajes forman parte de sectas mesiánicas que han generado un baño de sangre en el país, y como tales no deben recibir un entierro convencional. El Estado, del que forma parte el Congreso, está en la obligación de proteger a los ciudadanos que los seguidores de estas lacras puedan llevar a cabo tras la muerte de sus cabecillas.
Si el gobierno de Pedro Castillo no se ha atrevido a tomar cartas en el asunto tras la muerte de Guzmán, a fin de evitar que exista una tumba de este sujeto, todo esto como responsable de preservar la seguridad nacional y la tranquilidad pública, el Congreso debería legislar y dejar en blanco y negro un protocolo para el tratamiento de los cadáveres de los peruanos más nefastos que hemos tenido que soportar.
