Por intentar ser un país políticamente correcto, se cree que el Congreso no debería promover leyes que prohíban la postulación de personas que hayan cumplido condenas por corrupción o delitos penales, dejando las puertas abiertas para que ciertos ladronzuelos y asesinos, argumentando su rehabilitación, intenten ser autoridades, lo que incluye la Presidencia de la República.
Hace unos días, la bancada congresal del Bloque Magisterial presentó un proyecto de ley para impedir que personas condenadas por los delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios, hayan pisado o no la cárcel, puedan ser candidatas a las alcaldías. Suena interesante, aunque debería extenderse a otros cargos públicos.
Desde hace algunas semanas, tras la libertad de Antauro Humala por haber cumplido la mayor parte de su condena de 19 años de prisión por la muerte de cuatro policías y dos etnocaceristas durante el “Andahuaylazo”, en el Legislativo se prepara un proyecto de ley que limite su posible participación en las elecciones presidenciales. Esto generó críticas interesadas.
Si bien no es saludable promover leyes con nombre propio, son las circunstancias las que determinan el momento en el que deberían actuar los congresistas. ¿Es Humala una amenaza pública? Considero que sus disparates están para un análisis psiquiátrico; pero, fundamentalmente, se debe proteger al país de personas que hayan participado de delitos penales.
Nos saldrán con la cantaleta de que todos tienen derecho a la rehabilitación social, que a las personas que hayan cumplido su condena se les restituye sus derechos, y que no podemos negarle la inclusión a los condenados. ¡Por favor! Si nadie que haya sido sentenciado por ladrón puede ser director del Banco Central de Reserva del Perú, ¿por qué debemos dejar que cualquiera pueda ser presidente, alcalde o gobernador.
