Lo que viene sucediendo en la ciudad de Juliaca, en la región Puno, ya sobrepasó cualquier protesta “justa o válida” de quienes dentro de un sistema democrático puedan tener sus exigencias, ya sean estas por la salida de la actual presidenta o la convocatoria a una asamblea constituyente. Lo que estamos viendo desde la semana pasada es salvajismo puro y duro, que tiene que ser afrontado por el Estado con las armas que le da la legalidad.

El viernes hemos visto cómo un grupo de delincuentes incendió un carro blindado de la Policía Nacional y atacó a un grupo de agentes que vigilaban el perímetro del aeropuerto Manco Cápac, para impedir que las turbas tomen la pista de aterrizaje e impidan las operaciones aéreas. Pero eso no fue todo, luego lanzaron piedras a una ambulancia del Ministerio de Salud que llevaba a tres heridos de las refriegas de ese día.

Esto no es protesta válida, esto es un crimen y tiene que ser sancionado. Acá ya se acabó el “derecho a la protesta”. Si fueran pacíficas, bienvenidas. ¿Pero quemando un carro policial y apedreando una ambulancia? Los atacantes son tan responsables como aquellos que desde la comodidad de la casa o la oficina, y a través de las redes sociales, fomentan y defienden a estos criminales que en cualquier país civilizado tendrían que estar presos.

Hoy en Correo publicamos una entrevista al nuevo alcalde de San Román (Juliaca), Óscar Cáceres, quien pide ayuda para proteger el local edil, ante la amenaza de nuevos actos de violencia. El Poder Ejecutivo no se puede quedar de brazos cruzados ante las arremetidas de estos grupos criminales que hace rato han infringido varios artículos del código penal, por más que desde la izquierda digan que están ejerciendo su “derecho a la protesta”.

La democracia, el estado de derecho y el ciudadano de bien no pueden estar de rodillas ante gente que tiene como “argumento político” la pedrada, la toma de una vía o el ataque salvaje a policías y militares que cumplen con su deber, y que cuando le preguntan qué artículo de la Constitución quiere cambiar, balbucea y no sabe qué decir. En manos de ellos, está la mayoría de los peruanos que quiere trabajar y progresar. Inaceptable.

Esto no es protesta válida, esto es un crimen y tiene que ser sancionado.