La izquierda radical peruana no ha perdido ninguna oportunidad para intentar capitalizar el descontento de la población, producto de los largos años de corrupción e inseguridad que vivimos, para tratar de vender la idea de que solo una “nueva” Constitución nos salvara de todos los males que nos aquejan, ofreciendo incluso una inmediata e inconstitucional “Asamblea Constituyente” a partir del próximo 28 de julio.
El Perú ha tenido a lo largo y ancho de su historia, 12 constituciones. La de 1993, que nos rige, fue redactada por un Congreso Constituyente y aprobada a través de un referéndum sometido a votación popular y supervisado por la comunidad internacional tras el auto golpe y disolución del Congreso en el año 1992. Desde su aprobación, dicho texto constitucional ha sido modificado 39 veces, adecuándolo a las necesidades del país. Una Constitución no es, por cierto, responsable de ningún acto de corrupción, ni tampoco de la inercia o ineficacia del Estado o de algunos gobernantes. Tenemos, a lo largo de los últimos años, un abultado número de procesados y sentenciados entre los que se suman ex presidentes, alcaldes, gobernadores regionales, líderes políticos que no dieron la talla para administrar los recursos públicos generados por los contribuyentes desde el sector privado, gran parte de ellos, de la misma izquierda radical.
Entonces, queda claro que los abusos de autoridad, las fechorías de los corruptos, la ineficacia de un Estado atado por la sobreregulación y la burocracia absurda, que no le permite ejecutar de manera eficiente, honesta o completa los presupuestos públicos, equipar hospitales y colegios de calidad y muchos otros justos reclamos de la población, no requieren un cambio de Constitución; requieren más bien de un profundo cambio interno, individual, que nos permita elegir correctamente a aquellas personas que puedan representarnos en el Estado, redistribuir con eficiencia la riqueza que seamos capaces de generar, reducir la pobreza, aplicar la justicia con prontitud y equilibrio, sin vendettas ideológicas, e imponer el orden y el principio de legalidad para todos por igual. Respetar las reglas democráticas nos hará verdaderos demócratas. El Perú llega al bicentenario con una polarización política extrema, pero también, con la claridad de que si bien hay muchas cosas que debemos mejorar, millones de ciudadanos demócratas no permitiremos la muerte de la institucionalidad, el desbalance de poderes, ni aceptaremos o claudicaremos a nuestros derechos o a nuestra libertad; tampoco aceptaremos imposiciones ideológicas importadas, concebidas en el Foro de Sao Paulo, que anuncian su llegada, sin fecha de caducidad.
