Cada cierto tiempo la Contraloría publica su informe de obras paralizadas a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos normativos realizados en los últimos años para reactivar dichas obras, los resultados han sido pobres cuando no escasos. Es así que, a la fecha, se tienen 2298 obras paralizadas a nivel nacional que significan una inversión total de 27 mil millones de soles cuyos saldos de ejecución se encuentran en un 50%, es decir, 13 mil millones pendientes por financiar de reiniciarse dichas obras, ¡lo que cuesta la Línea 3 del Metro de Lima y Callao!
En esta lista tenemos 46 proyectos que pasan los 10 años de paralización. Otro dato relevante es que la mayoría de obras paralizadas son pequeñas (el 42%), es decir, obras con inversiones menores a 1 millón de soles. Las principales razones que explican la paralización de obras son (i) el incumplimiento de contratos, (ii) la falta de recursos o liquidez para la ejecución, (iii) conflictos sociales, (iv) deficiencias en los expedientes técnicos.
Tenemos la radiografía y el diagnostico, sabemos que estamos enfermos, pero, ¿cuál es la receta o cura?, ¿qué se está haciendo para llegar a ella? Lamentablemente solo cambiamos de analgésicos. Existen serias limitaciones en las unidades ejecutoras a nivel nacional para entregar obras que finalmente sean los servicios públicos que la población necesita, pero también existe un arreglo institucional que genera incentivos perversos en todos sus procesos logrando como resultado la baja o nula ejecución de proyectos de infraestructura. La principal regulación que forma parte del ecosistema de la infraestructura pública en el Perú es regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ello, para salir del estancamiento en el que nos encontramos es imperativo que el MEF se compre el pleito.
