Lo que se puede rescatar del anuncio de creación del ministerio de infraestructura es que se está abriendo paso un debate interesante y cada vez más técnico de lo que involucra implementar una medida como la anunciada. El Instituto Peruano de Economía ha realizado estimaciones sobre el costo de implementación del anuncio realizado: el nuevo ministerio costaría 169 millones de soles al año, adicionales a los costos de funcionamiento de los demás ministerios.
Estas estimaciones reafirman la posición de muchas voces que no compramos la propuesta por no formar parte de una reforma del Estado. Si lo que el Ejecutivo quiere asegurar mejores condiciones para la provisión de servicios públicos, se debiera empezar por definir cuáles. El acceso seguro al agua y saneamiento, el transporte de personas a nivel nacional, educación y salud de calidad y acceso a internet son algunos de ellos. ¿Acaso el nuevo ministerio logrará mejorar el transporte urbano e interprovincial? Difícil, pues el MTC solo se desprenderá de las funciones de ejecución de carreteras, manteniendo las competencias sobre los distintos modos de transportes. Una verdadera reforma orientada a la prestación de servicios hubiese considerado convertir al MTC en una entidad dedicada a los servicios de transporte, además de su rol regulador. ¿Cómo queda la conectividad digital con un viceministerio de comunicaciones y una secretaria de gobierno y transformación digital que no siempre conversan entre sí? ¿Cómo la absorción del Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano al nuevo ministerio asegurará el acceso a agua segura en la totalidad de provincias del país si estas esta responsabilidad seguirá a cargo de las municipalidades provinciales sin ningún cambio o mejora?
Es positivo que se haya abierto el debate.
