Golpes de Estado con el que quiso dar el miércoles último un grupo de militares trasnochados en Bolivia en contra del mandatario Luis Arce, son inaceptables y deben condenarse con total energía, vengan de donde venga, sean de derecha, de izquierda o de donde sea, así sea para acabar con un gobierno nefasto como el que maneja el vecino país o para impedir la postulación presidencial, de por sí ilegal, de un impresentable como Evo Morales, un enemigo de la democracia peruana.

En cualquier país, los militares tienen funciones muy claras de acuerdo a la Constitución y las leyes. Velan por la soberanía y la integridad territorial, y cumplen los llamados “nuevos roles” (atención de desastres, lucha contra la criminalidad organizada, entre otros). En ningún lugar del mundo son “árbitros” o “correctores” de ilegalidades, vacíos legales o fallas que pueda haber dentro de un estado de derecho. De eso se encargan los jueces, fiscales, legisladores, actores políticos o instituciones que tengan esa responsabilidad.

La escena de ver un carro blindado rompiendo la puerta de la sede del Poder Ejecutivo boliviano al mando de un general del Ejército que se quedó anclado en los años 60 y 70, ha sido muy grotesca y debe ser condenada por todos los sectores. Por más que el golpe no se haya concretado y el presidente Arce siga en el poder, el cabecilla de la asonada tendrá que ser sometido a la justicia y sancionado con total rigor. ¿O es que como el quiebre constitucional no se concretó, estos militares son inocentes? Eso podrían decir acá los amigos de Pedro Castillo.

En el Perú hemos tenido golpes militares de todo tipo y de todos los colores. Están los de Juan Velasco (octubre de 1968), Ricardo Pérez Godoy (julio de 1962), Manuel Odría (octubre de 1948) y un largo etcétera si seguimos retrocediendo en el tiempo, todo en nombre de “corregir” situaciones de esos momentos generadas por los políticos. Sería bueno saber quién les dio vela en esos entierros, quién les asignó ese rol de “poner orden” que los propios uniformados se atribuían. Pues nadie, sus sagradas funciones son otras.

Los gobiernos elegidos en democracia y que se mantienen dentro de ella, deben ser respetados hasta el fin de su mandato con la subordinación de las Fuerzas Armadas. Situación distinta es la que se vive en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde hay tiranos gobernando al margen de la ley, lo mismo en situaciones de “autogolpes” como los de Castillo hace casi año y medio. Los “pronunciamientos militares” y los “cuartelazos” deberían ser solo parte de la muchas veces oscura historia de nuestros países.