En el combate a la extorsión, hay falencias inadmisibles e inexplicables que cuentan con la complicidad de autoridades policiales y penitenciarias, y desinterés de la empresa privada.
En la extorsión, el celular se convierte en la herramienta clave y precedente al arma de fuego. No es posible, que surjan llamadas desde el interior de los penales o que las llamadas que recibe un extorsionado no puedan ser rastreadas de inmediato para dar con el delincuente no en días, ni semanas, sino en horas.
Las llamadas desde teléfonos fijos desde un penal deben estar prohibidas y debe crearse un organismo especial que examine y corrija el fracaso del bloqueo de celulares desde los penales o el tráfico que existe con una mafia enquistada en el INPE. Si el señor Javier Llaqué no ha solucionado esto, ¿no debería irse?
Las empresas de telefonía deben hacer lo suyo, todas, y el Osiptel debe ponerse los pantalones. El objetivo es que ningún celular que no esté debidamente registrado y sea rastreable, pueda operar. El derecho a la privacidad no puede ser más importante que el derecho a la vida o a vivir con el sobresalto constante de que la amenaza extorsionadora se cumpla.
Las empresas importadoras estaban obligadas a registrar en el sistema RETMIEF los equipos terminales móviles. El primer plazo era el 22 de abril de 2024. En unos días se cumplirá un año con una medida vertida al desaguadero del fracaso. La lista blanca sigue sin funcionar y urge.
Si el señor Llaqué es un cero a la izquierda, no menos se puede decir del presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz. Hay funcionarios incompetentes que con su inacción o indolencia son cómplices del crimen.
