El reciente acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC sobre las víctimas que dejó la cincuentenaria guerra interna en ese país es uno de los mayores logros al que hayan llegado las partes en la ardua negociación que llevan adelante en La Habana desde el mes de agosto de 2014. La mayor preocupación era que prosperara un proceso donde la impunidad saliera bien librada. Eso es precisamente lo que no va a suceder. Las partes han decidido crear un mecanismo jurisdiccional especial de la paz precisamente para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La idea es que luego de la firma del acuerdo definitivo, que no es el que se acaba concretar y que según el presidente Juan Manuel Santos podría sellarse en marzo de 2016, quienes hayan tenido alguna participación con acción penal de manera voluntaria expresen con la verdad el tamaño de su responsabilidad. Solo así se podría evitar los encarcelamientos que tanto abogan los sectores más conservadores e incrédulos con todo el proceso de paz iniciado por el presidente de Colombia. De la mano con decir la verdad hay todo un conjunto de componentes de este sistema que incluye una comisión de la verdad para cerrar las heridas abiertas surgidas por la violencia estructural en el país; asimismo, una comisión para la búsqueda de los desaparecidos, que suman más de 25,000 a la fecha; una reparación integral a las víctimas, así como un mecanismo para garantizar la no repetición de los trágicos sucesos, siendo esto último una responsabilidad mayor del propio gobierno colombiano para que nunca más suceda esta desgracia nacional. Sin duda, una luz de esperanza al final del túnel.