La movilización de la población andina por sus derechos sociales y políticos desencadenada en diciembre del 2022, fue reprimida por el gobierno de Dina Boluarte, con gran violencia, excesiva e ilegal. Los casi 70 fallecidos como consecuencia de ella, 49 asesinados con armas de guerra, aún no encuentran justicia. Las investigaciones son lentas. Aún no se ha sancionado a los responsables, incluyendo a la presidenta.
El 16 de mayo se publicó un “Pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales frente a la situación política del país”, que indica “Rechazamos el sistemático y permanente acoso político al que viene siendo sometida la… presidenta Dina Boluarte…”. Este comunicado solo expresa la orfandad política y social del gobierno. Lo han firmado cuatro alcaldes provinciales, todos de la Región Puno cuando el país cuenta con 194 provincias; también 46 alcaldes distritales cuando llegamos a contar con 1,845 distritos en todo el territorio.
Las firmas de cada autoridad municipal no cuentan con la aprobación de los habitantes de sus jurisdicciones. Han accedido a firmar a cambio de algún presupuesto o proyecto para su municipio, envileciéndose el quehacer político desde el Ejecutivo.
En vez de imaginar falsa popularidad, la presidenta debería, por decoro y dignidad, impulsar las investigaciones de los asesinatos, disculparse por las mentiras propaladas como decir que “las víctimas se autoeliminaron”, “la presencia de Evo Morales” o “las balas dum dum artesanales” y atender las demandas de mejora de vida de los peruanos. La pobreza en el país alcanza a más del 30% de la población y no se dice ni se hace nada.
Si no se cambia, caminamos no solo a pedir la renuncia de Boluarte sino a desconocerla como presidenta de la República. “Esta presidenta, ya no es presidenta”.
