El comunicado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Comisión IDH) en respaldo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puede analizarse desde dos puntos de vista. Desde lo jurídico se interpreta como una acción de permanente observancia a los estados miembros sobre su ejecutoria democrática, a la vez de velar de modo preventivo por los derechos humanos. La Comisión IDH no está juzgando al Perú, no tiene esa competencia, pero sí declara que observa con preocupación la crispación política y la coyuntura que atravesamos. No obstante, desde lo político también debería haberse pronunciado por la inconstitucional disolución del Congreso del pasado 30 de septiembre de 2019; así como reconocer la sucesión presidencial del entonces titular del Congreso en noviembre de 2020.
El contenido del comunicado a un Estado que viene padeciendo un proceso de crispación política desde julio de 2016, con el costo de seis presidencias, se entiende por estar atento ante cualquier futura vulneración a los derechos humanos. El problema que observamos es que los comunicados de la Comisión IDH resultan “selectivos” y con un claro sesgo ideológico. En otras palabras, de producirse un acto arbitrario durante el procedimiento de remoción a los miembros de la JNJ afectando el debido proceso, como por ejemplo impedir su derecho a la defensa o la ausencia de la debida motivación del informe final de la Comisión de Justicia con sólidos argumentos y al alcance de la opinión pública, será una grave afectación al Estado Constitucional de Derecho. No es el caso que vivimos hasta el momento.
