Sin conocer el acuerdo al que han llegado el Gobierno del Perú y la Asociación de Clínicas del país en la víspera para contar con una tarifa plana para la atención de enfermos de Covid-19, luego de las denuncias por cobros inhumanos, refiriéndome al impacto económico que viene produciendo la pandemia, decía en la parte final de mi columna de ayer de que toda esta atmósfera, además con “…pensiones de colegios privados y costo de atención en clínicas, por las nubes”, estaban progresiva y riesgosamente “…creando la idea de un Estado indiferente”. Seamos claros. No es coherente exigir al Estado que cumpla su rol de asegurar una economía de mercado, y luego quererlo neutralizar para que se mantenga al margen cuando se producen desbordes por la febril teoría del lucro, que muestra el ropaje de la insensibilidad social, creando las condiciones para una explosión social. Todo lo anterior, además, es insensato, considerando la naturaleza excepcional de la pandemia, donde las reglas cambian por su exclusivo carácter temporal. Veo que los planteamientos extremos siempre serán malos en las políticas de Estado y frente a ello, si acaso no prospera la tolerancia, entonces, se produce el desborde que nadie quiere. Así como solo un orate o un sinvergüenza podría condenar que el Estado actúe por las abusivas tarifas de los nosocomios privados, nadie cuerdamente podría avalar una expropiación que nos recuerda a las que tuvimos en los años 70. Pero también veo que el Estado no puede estar ausente. Por eso ayer hubo diálogo y su resultado refleja a la sociedad democrática del difícil momento que vivimos. Exactamente igual -mismísimo criterio- debe hacerse con las pensiones de los colegios privados. En salud y en educación, el Estado siempre debe estar presente, es su derecho pero también, su obligación.