Cuando el gobierno central declara el estado de emergencia en las zonas afectadas por la emergencia climática, lo hace con la sana intención de que se acelere la ayuda económica para la población. Pero, lo que a veces no se prevé es que existen autoridades locales frotándose las manos porque esto posibilita despilfarrar el presupuesto, sin un proceso previo de selección de bienes y servicios.

Fresco nomás, hemos tenido la vasta experiencia cuando inició la pandemia el 2020. Algunos alcaldes compraron productos de primera necesidad por varios miles de soles, pero estos no fueron supervisados y terminaron, incluso, en manos de personas que ya no estaban en este mundo. Y el Ejecutivo, por su parte, no tenía un padrón actualizado de los ciudadanos y dio bonos a personas que no carecían de recursos.

Durante el Niño Costero de 2017 se declaró el estado de emergencia. Algunos alcaldes compraron botas de jebe para las brigadas de emergencia y sacos de arena para las casas de los pobladores afectados por las lluvias y los huaicos. El resultado final fue que ambos productos estaban sobrevalorados, inflados para el beneficio de algunos cuantos pillos municipales.

Por lo tanto, los órganos de control de cada institución deben estar atentos, cuatro ojos, para alertar sobre posibles hurtos en casa de parte de las autoridades locales. No olvidemos que tanto alcaldes como gobernadores regionales son más populistas que técnicos, y cuando hay un estado de emergencia lo primero que hacen es gastar dinero según su conveniencia y no para el interés ciudadano.