Es de esperarse que el proyecto de ley presentado por el fujimorista Héctor Becerril para penalizar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, además de correos electrónicos y llamadas telefónicas, sea enviado al archivo de inmediato, pues ataría de manos a los medios que tenemos como parte de nuestro trabajo desentrañar asuntos de interés público, que en algunos casos tienen que ver con hechos de corrupción y otros delitos.

Parece que el legislador no perdona que el 9 de diciembre del año pasado este diario hiciera públicas unas fotos tomadas en el Congreso a la pantalla de su teléfono celular, en las que un grupo de congresistas fujimoristas agrupados en una cuenta de Telegram llamada “Mototaxi” hacía alarde del peso de su bancada durante la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien días después fue censurado.

En esa oportunidad, el equipo de Correo no interceptó ilegalmente una comunicación, ni “chuponeó”, ni recibió un USB anónimo con el texto de las conversaciones. Lo que hicimos fue tomar fotos a un celular en un lugar público, como es el hemiciclo del Congreso. Sin embargo, el proyecto de ley del legislador Becerril impediría que se difundan este tipo de hallazgos, que obviamente son de interés público, acá y en cualquier parte del mundo.

Hace poco, dos legisladoras fujimoristas presentaron un proyecto de ley que buscaba impedir que los cargos de directores, editores y similares en medios de comunicación privados sean ocupados por ciudadanos sentenciados y hasta apenas investigados por ciertos delitos. Acá la presunción de inocencia no vale. Ahora sacan esta iniciativa que impediría difundir contenidos vitales para el país, como los que muestran actos de corrupción u otros asuntos cuestionables.

Habría que ver qué está buscando el fujimorismo con esta propuesta de ley que sancionaría penalmente hasta la difusión de un chat, un correo electrónico o una conversación telefónica que demuestre algún delito. ¿Cuál es la intención del congresista Becerril y de quienes lo secundan? ¿Están tratando de atar de manos a los medios? En momentos en que la lucha contra la corrupción debe ser fortalecida, ¿por qué poner un freno a la prensa, que mucho puede aportar?